La noticia es admirable y nos reconcilia con una democracia que es capaz de esmerarse hasta este punto: la Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar la administración a pacientes de los fármacos de la hepatitis C por "razones presupuestarias". Esta es la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a enfermos de tal dolencia, que hoy se cura mediante sofisticados y caros fármacos que, como es natural, debe proporcionar puntualmente la sanidad pública a los afectados. No hacerlo con prontitud puede y debe, lógicamente, generar responsabilidades, sobre todo si se producen fallecimientos. En este caso, se aportan datos médicos de seis pacientes que no recibieron el tratamiento y murieron, pese a reunir los requisitos objetivos necesarios. La acusación a los cargos públicos es, de momento, "homicidio por imprudencia grave profesional". La Justicia, en todas sus expresiones, ha sido un baluarte del sistema en los tiempos difíciles en que estamos sumergidos, en que la política se ha degradado hasta extremos inquietantes. Gracias a ello, la corrupción, la gran lacra de nuestros días, se está embridando con medidas ejemplares, y la dejación de las administraciones en el manejo de los servicios públicos está encontrando ejemplarizantes respuestas. Conviene reconocerlo así y reconocer el prestigio del Poder Judicial para que pueda cumplir briosamente con su cometido como hasta ahora.
