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Llorenç Riera

Balears no es ajena al blanqueo de capital

El hecho de que el juez Santiago Pedraz envíe a Mario Conde a la cárcel, entre otras cosas porque considera probado que el exbanquero realizó una venta ficticia de la finca de Can Poleta, en Pollença, a una sociedad de Luxemburgo y después simuló que la había alquilado utilizando a su chófer y posadero como testaferros, no puede extrañar, en cuanto a la vinculación mallorquina, en esta isla en la que todo lo opaco y fraudulento tiene amarre.

Tampoco podemos sorprendernos de que en los "Papeles de Panamá" aparezcan los nombres de hoteleros malloquines y otras personalidades domesticas o vinculadas a esta tierra. La sorpresa hubiera estado en lo contrario cuando ya estamos curtidos en corrupciones políticas de todo tipo, conocemos el nombre de los capos de la droga detenidos en Mallorca o sabemos, por ejemplo, de los vínculos que nos relacionan con todo el entramado de Gürtel.

Donde hay suciedad se reclama higiene. También en el aspecto económico y financiero. Debe hacerse antes de que las circunstancias obliguen a declarar la pandemia y dando por sentado que el dinero, escurridizo por naturaleza, se desliza con mayor ingenio por las cañerías del fraude organizado.

No todo lo blanco reluce. En algunos casos debe descontaminarse cuando ya ha adquirido el color de la normalidad aparente y ha recorrido los vericuetos complejos que median entre los paraísos fiscales y las cuentas bancarias formales. Lo están demostrando los "Papeles de Panamá" y las sociedades offshore que aparecen en ellos. Es solo la parte que ha salido a flote de unos inmensos pozos oscuros con fondos muy profundos. También lo deja claro el trabajo que están realizando las unidades de inteligencia financiera de los ministerios de Hacienda europeos. La actividad ha aumentado mucho en este sentido en los últimos años.

En España, la tarea esta encomendada al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). No facilita cifras de las cantidades intervenidas o regularizadas, pero sí del número y lugar de las investigaciones que se van llevando a cabo. Al año se investigan en España unos 5.000 movimientos sospechosos de blanqueo de los cuales 120 corresponden a Balears y de ellos se demuestra que, la inmensa mayoría, un 80%, están plenamente justificados porque acaban con resultado positivo.

Las Balears en las que abunda prácticamente todo lo irregular, es también la séptima comunidad española en la cuanto a lavado de capitales. El 2,6% de los casos que se acaban conociendo en España afectan a estas islas, lo cual eleva a 500 el número de operaciones fiscalizadas en este archipiélago en los últimos cinco años. Ha sido posible porque el ministerio de Hacienda ha duplicado su tarea inspectora en este ámbito en los últimos tiempos y porque las distintas administraciones intensifican la colaboración y el cruce de datos. Pero queda mucho por hacer.

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