Con toda evidencia, el principio de respeto a la privacidad (y su derivada, el secreto bancario) tiene que ceder ante el interés general de la transparencia fiscal. Y en tanto siga habiendo paraísos fiscales y prácticas mafiosas de lavado de dinero y fraude, será legítimo e incluso heroico desvelar todas estas maquinaciones, como han hecho los periodistas de investigación que han sacado a la luz internacionalmente los papeles de Panamá, un listado de miles de propietarios de sociedades offshore a través de las cuales muchos de ellos han defraudado y delinquido.
Lo que sorprende no es, pues, el filtrado y la publicación de tales noticias sino el goteo incesante de nuevos nombres y la inhibición que se sepa de las fuerzas de seguridad del Estado. Se puede entender la estrategia empresarial de prolongar el suspense para lograr más audiencia mediática, pero es claro que el retraso en los anuncios permite a quienes aún no han salido a la luz adaptar sus estrategias, al tiempo que desestabiliza el sistema fiscal. No se entiende en definitiva que nuestra policía fiscal la inspección de Hacienda y la UDEF no tome cartas en el asunto para anticiparse a los flujos informativos y actuar a tiempo contra quienes hayan de responder de actuaciones ilícitas.
La colaboración en este caso de la prensa con el Estado no sólo es legítima sino que responde a la gráfica definición de que el periodismo es el perro guardián de la democracia.
