El 64% de los votantes holandeses rechazó este pasado miércoles la ratificación del acuerdo firmado por la Unión Europea con Ucrania. La participación rondó el 32%, más del 30% que resultaba necesario para que la consulta tuviera validez, por lo que la negativa abre un gran embrollo jurídico, que recuerda inevitablemente el no a la Constitución Europea que también emitieron los holandeses y que supuso a medio plazo la retirada de aquella propuesta trascendental.
La consulta, apoyada por los euroescépticos, se ha producido al amparo de una nueva ley sobre participación ciudadana que requiere reunir 300.000 firmas para poder convocar el plebiscito. En esta ocasión, los convocantes y la mayoría de los votantes han explicado que Ucrania les importa una higa porque lo que en realidad pretenden es poner palos en las ruedas de una Europa que no les gusta. Una Europa que toma decisiones de espaldas a los ciudadanos y que se desliza por los intersticios de las normas en lugar de gestionarlas con grandeza y transparencia.
En realidad, después del escándalo suscitado por la actitud de los 28 en la crisis de los refugiados, muchos europeístas como el que firma estas líneas hemos sentido una profunda complacencia interior al comprobar cómo la ciudadanía de un país central de la UE pone la zancadilla a los burócratas de Bruselas que pretenden vincularla subrepticiamente y por la puerta trasera con un país en guerra cuyo primer ministro tiene, por cierto, su dinero en Panamá.
