Vaya por delante de las consideraciones que siguen la afirmación incuestionable de que la etapa de inestabilidad que estamos viviendo entra de lleno en la categoría de la más absoluta normalidad democrática, constitucionalmente prevista y en modo alguno inquietante. Sin embargo, es obvio que lo deseable es que el proceso político discurra con normalidad y puntualidad, que los gobiernos se formen en poco tiempo tras las consultas electorales, y que cada actor político desarrolle los roles que le corresponden sin tener que improvisar ni que adoptar equilibrios imprevistos.
Esta semana, sin ir más lejos, ha arreciado la conflictividad parlamentaria, sin que la confrontación haya tenido utilidad alguna. Por un lado, este miércoles, todos los grupos con la lógica excepción del PP decidieron abrir ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de atribuciones por la negativa del Gobierno a someterse al control del Parlamento; de un parlamento que no le ha otorgado la confianza pero que es en todo caso es el órgano depositario de la soberanía. Rajoy acudió ese día a explicar su papel en la anterior cumbre comunitaria de Bruselas, pero varios ministros no han atendido el llamamiento parlamentario para comparecer y dar explicaciones en asunto de su competencia. Como es evidente, el recurso al TC tardará meses, si no años, en resolverse, por lo que la medida es testimonial y en todo caso servirá para sentar jurisprudencia en ocasiones futuras. De cualquier modo, la ciudadanía ve con desagrado que la clase política se destripe en semejantes forcejeos mientras el país tiene problemas concretos que no son abordados con la diligencia exigible.
En un orden semejante de ideas, estamos asistiendo a otro proceso en cierto modo previsible tras el vacío creado por el 20D: el cuestionamiento en sede parlamentaria de la normativa impulsada por la anterior mayoría política, que dejó de serlo precisamente a raíz de la consulta. Ha habido ya pronunciamientos explícitos contra la Lomce la ley Wert, que se pretende derogar y, de momento, aplazar en su entrada en vigor, algo prácticamente imposible porque la norma posee todo su vigor legítimo y sólo podría ser desactivada mediante otra ley orgánica. Asimismo, ha sido unánimemente cuestionada salvo por el PP y por UPN en la Comisión de Interior del Congreso la ley de seguridad ciudadana, conocida como "ley mordaza", que se aprobó sin más apoyo que el otorgado por la entonces formación gubernamental? Ya se sabe que el cambio de mayorías produce una reorientación del proceso legislativo, pero no es propio de un régimen maduro que la alternancia dé lugar a la reversión cuasi integral del ordenamiento jurídico. En todo caso, el desarrollo político tiene que tener más de ideas nuevas que de reproches viejos, por lo que resulta inadecuado el mensaje que se lanza denostando con dureza el pasado sin ofrecer al tiempo un futuro constructivo y prometedor.
El actual interregno tiene asimismo otros efectos inquietantes. En el terreno económico, el mal dato de déficit suscita enfrentamientos entre los actores del gasto comunidades autónomas y Estado y obligará al gobierno a ofrecer a Bruselas un pacto de estabilidad que no contará con suficiente respaldo interno, imposible de conseguir si no hay una mayoría parlamentaria que lo sustente. Y hay problemas que, aunque detectados antes del 20D, se agravan ostensiblemente con el paso del tiempo y reclaman una solución, que no puede proporcionarse en este marco de inestabilidad. El creciente déficit de la Seguridad Social y los desequilibrios cada vez mayores del sistema de financiación autonómica son ejemplos claros de asuntos que deben resolverse cuanto antes, y que son por tanto argumentos poderosos para reclamar cuanto antes fórmulas de gobernabilidad.
