La proposición no de ley debatida en el Parlament el pasado día 15 de marzo pide revisar la contabilidad del Partido Popular de la campaña electoral de 2007. Y, curiosamente, se hace esta petición cuando estas cuentas ya han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y por la Sindicatura de Comptes, sin que estas entidades hayan detectado ninguna irregularidad. Quieren que estos organismos enmienden sus propios informes porque, en su opinión, creen que no han sido lo suficientemente rigurosos o precisos.
En cualquier caso, estamos ante una proposición no de ley inédita, por cuanto intenta convertir, de facto, al Parlament en un Tribunal de Justicia. Pretende que el Parlament usurpe las funciones de los juzgados y que sea éste y los 59 diputados los que impartan justicia. Es más, los dos grupos de Més, con su proposición no de ley, han decidido ejercer las funciones del fiscal y también hacen de jurado popular. Ellos se lo guisan y se lo comen.
La proposición no de ley es muy explícita. Dice textualmente: "El PP financió ilegalmente las elecciones autonómicas de 2007, utilizó la estructura y los recursos de la CAIB, e hizo gastos en B que podrían vulnerar la ley electoral y la ley de partidos". También dice: "En cualquier caso, tanto si ha prescrito como si no, si es cierto que se ha incumplido la ley electoral, el PP ha de devolver la subvención pública por valor de 1.107.256,63 euros". Sin sentencia judicial, ellos ya han emitido su veredicto. Sin haber pasado por un tribunal, ya han dictado la sentencia. Si tan seguros estuvieran de que el PP se financió ilegalmente, no sería más lógico entrar una demanda en el juzgado, en lugar de llevar el tema al Parlament.
No es lógico pervertir las funciones del Parlament con una proposición no de ley ignominiosa, que lo único que busca es el desprestigio y el desgaste del PP, recurriendo a la corrupción, sólo la que afecta al PP, y obviando interesadamente la que afecta a otros partidos. Sin embargo, los dos grupos de Més lo tienen muy claro. ¿Por qué han de ir a los tribunales que, por cierto, últimamente les son esquivos, si tienen un Parlament que les va a dar la razón?
De hecho, el tercer punto de la proposición va en esta misma línea: suplir las sentencias de los tribunales por los acuerdos parlamentarios. Es algo surrealista y ello supone la demolición del estado de derecho. Sin que se pronuncie ningún tribunal, sin que ningún juez emita una sentencia, solo con un informe de la Sindicatura de Comptes o del Tribunal de Cuentas y con un informe del Consell Consultiu, presidido por el señor Diéguez, bastaría para declarar la nulidad del pago de la subvención electoral y, por tanto, reclamar su devolución.
Ciertamente, la proposición no de ley es infumable. Es una patada en la espinilla al ordenamiento jurídico, al Estado de derecho y a la separación de poderes.
Pero a la izquierda esto le da igual. A la izquierda no le importa la verdad. Lo único que le interesa es el titular del día siguiente, aunque para ello se tengan que subvertir las normas jurídicas más básicas.
* Diputado autonómico del Grupo Popular y portavoz de Hacienda
