El crédito de los partidos políticos no está en su mejor momento tras haberse cumplido de largo tres meses desde las elecciones generales del 20 de diciembre y haber quedado claro que los partidos, todos ellos, viejos y nuevos, van a lo suyo en lugar de defender los intereses generales, y ello explicaría su desidia a la hora de formar gobierno, un imperativo dictado por la ciudadanía, que está siendo claramente desoída.
En estas circunstancias, abocar al país a unas nuevas elecciones no es una buena idea, porque la reclamación al electorado acreditará un gran fracaso. Es muy probable que un sector no desdeñable de electores opte por la abstención, en airada respuesta al comportamiento impropio de las fuerzas políticas, y lo es asimismo que intervengan en la toma de decisiones ciertos factores externos a la teórica pugna ideológica. Es en definitiva fácil de imaginar que el electorado tenderá a castigar a quienes, a su juicio, hayan dificultado la formación de gobierno, y a premiar a los que, según su entender, se hayan esmerado en lograrlo, aunque sin éxito.
Los partidos tienen poco más de un mes para evitar esas elecciones y conseguir, todavía, una fórmula de gobernabilidad que cierre, siquiera provisionalmente, esta etapa de inestabilidad provocada por la decisión popular de dar por clausurado el viejo bipartidismo imperfecto y potenciar otras dos opciones surgidas ex novo. Y en este periodo de poco más de cuatro semanas, debería ponerse en marcha la maquinaria socialista de celebración del congreso ordinario del partido, según lo decidido por el comité federal del 30 de enero, en el que los "barones" más inquietos forzaron las fechas del 21 y 22 de mayo para la ceremonia congresual (la cúpula del partido pretendió que la convocatoria fuera tres semanas más tarde pero o fue escuchada).
Ese calendario aprobado suponía que los aspirantes a la secretaría general debían presentar su candidatura entre el 11 y el 14 de abril; la elección entre la militancia sería el 8 de mayo, y el congreso propiamente dicho tendría lugar el 21 y 22 de mayo. Quería decirse, pues, que si el 2 de mayo no se hubiera formado gobierno y el Rey hubiese disuelto las Cortes, el congreso se celebraría en plena precampaña electoral de las elecciones del 26 de junio. Y si hubiera gobierno encabezado por el PSOE algo improbable en este momento pero no imposible, Sánchez estaría dando los primeros pasos en La Moncloa.
Tanto en el primer supuesto el PSOE en campaña como en el segundo el PSOE recién llegado al poder, era sencillamente descabellada la idea de celebrar un congreso cuya única razón de ser sería dar rienda suelta al afán de poder de Susana Díaz y de determinados líderes del partido que esperan medrar a su vera. Así las cosas, algunos portavoces de las agrupaciones menos favorables a Sánchez se han percatado del dislate y han lanzado la idea de retrasar e cónclave; y Ferraz ha aceptado el envite y celebra hoy una reunión de la ejecutiva que convocará al comité federal para el sábado, instancia en que se decidirá el aplazamiento.
El PSOE no tiene en este momento dudas ideológicas que sugieran la conveniencia de un gran debate de ideas. Y tampoco parece que el tenga un problema de liderazgo, ya que, con el relativismo que se quiera, es claro que a Sánchez no le hacen sombra grandes lumbreras, dispuestas a aportar su talla de estadistas al quehacer común. En estas circunstancias, el secretario general, que podía haber aprovechado la coyuntura para consolidarse personalmente un congreso ahora le aseguraría la continuidad, ha hecho bien centrándose en lo urgente. Alguien tiene que acreditar cierto sentido del Estado.
