Los belgas, que pensaban celebrar una gran manifestación cívica contra el miedo y en protesta por los últimos atentados islamistas, como han hecho todas las sociedades occidentales atacadas por la hidra del radicalismo musulmán, han desistido de ello, a petición del incapaz gobierno de su país, que ha reconocido no poder garantizar la seguridad de la marcha. De hecho, ni siquiera fue capaz este domingo de proteger de la extrema derecha a los espontáneos manifestantes pasivos que se congregaron en uno de los lugares de los atentados.
Ningún gobierno de ningún país es totalmente capaz de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, y menos aún cuando estos se congregan en alardes multitudinarios en los que cualquier delincuente podría provocar una catástrofe. Ni el gobierno español podía el 12 de marzo de 2004 tener la certeza de que los terroristas no atacarían la manifestación que el propio ejecutivo convocó para el día siguiente de los grandes atentados de Madrid, ni los gobiernos francés o británico pudieron garantizar a la indemnidad a sus decenas de miles de compatriotas que secundaron las protestas tras las respectivos atentados de la misma paternidad ideológica que sufrieron ambas ciudades.
El derecho de manifestación es sin embargo un pilar de la democracia, que le da visibilidad y la fortalece. Renunciar a ejercerlo porque los enemigos del régimen puedan tomar represalias es una cobardía que los pueblos libres no se pueden permitir.
