Tras meses de negociaciones y algunos enfrentamientos perfectamente evitables, si las fuerzas políticas hubieran sabido estar a la altura de las circunstancias, la ley del impuesto de turismo sostenible, más conocida como ecotasa, fue aprobada el pasado martes por el Parlament. Obtuvo, como era previsible, los votos en contra del PP y de Ciudadanos, pero no presenta modificaciones sustanciales con respecto al borrador inicial. Otra prueba más de la sobredimensión del revuelo político organizado, incluido el levantado por Podemos desde su apoyo flexible al Govern. La ecotasa entrará en vigor el próximo 1 de julio. Las quejas de los hoteleros, en el sentido de que su implantación restará competitividad turística a Balears, se desvanecen de principio en los albores de una temporada que ya tenía por seguro el cobro del impuesto y en la que se han batido récords de reservas y, según todas las previsiones, se superará cualquier cifra anterior de visitantes. La ecotasa, si es bien entendida y aplicada, no puede espantar turistas. Antes al contrario, puede atraerlos con mejores garantías hacia una comunidad que con ella queda mejor sensibilizada y comprometida en la defensa de los valores ligados a la conservación del territorio y la salvaguarda del medio ambiente. Hay numerosos antecedentes de la aplicación de tributos turísticos semejantes o idénticos a la ecotasa, sin rechazo del usuario y con notable beneficio social y para el sector turísticos. Solo fracasó con anterioridad en Balears, por una pugna de intereses y presiones, en algunos casos inconfesables, y que ahora, cuando se reactiva con fortuna, conviene más olvidar.

La ecotasa no ha perdido el respaldo social que ya tuvo desde el principio. Con su ley aprobada y el apoyo de una amplia mayoría política, se trata, de nuevo, de saber aprovechar todas las oportunidades que presenta en unos tiempos en que las arcas públicas adolecen de serias carencias. El Govern calcula que reportará unos ingresos anuales de 70 millones de euros, que necesariamente deberán ser invertidos en infraestructuras turísticas ligadas a la garantía de la sostenibilidad y a la conservación del territorio y del medio ambiente. Al final, el Ejecutivo carente de recursos económicos no ha logrado su propósito de que sirviera también para financiar residencias sociales.

Quizás esta segunda versión de la ecotasa ha tenido, de entrada, en cuanto a beneficiarios, demasiados pretendientes. Es una expresión más de las penurias actuales pero, en todo caso, ahí está y como pronostica el propio Govern, debe servir para asegurar el despliegue de actividades económicas viables a largo plazo y ligadas al turismo y al medio ambiente para contribuir por igual a la mejora de la calidad de vida y estancia, tanto de residentes como de visitantes.

En buena lógica parece justo y equitativo también que el turista, aunque sea de manera prácticamente simbólica —la ecotasa oscila entre los 0,25 y los 2 euros por día y persona para los mayores de 16 años— contribuya también al pago de los bienes y servicios que consume y de los que disfruta durante su estancia en Balears. Hacerlo es un ejercicio de responsabilidad y un modo de adquirir conciencia y dar valor a la importancia que tienen. El patrimonio y el medio ambiente son únicos y exclusivos de cada lugar. En estas islas, además, constituyen un soporte imposible de desvincular de su principal sector productor. Su importancia irá creciendo de forma progresiva. Vinculado a ello, la ecotasa que ahora se comenzará a aplicar constituirá una buena oportunidad que no se puede desaprovechar.