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Antonio Papell

La responsabilidad del gobierno en funciones

La conflictividad innecesaria, que tanto agrada a los partidos políticos en este país, no satisface a los ciudadanos sino al contrario: los irrita. Y no parece sensato que la clase política eche más leña al fuego de la indignación popular entrando en polémicas absurdas, como la de si el gobierno en funciones debe o no responder de sus actos ante el parlamento, al mismo tiempo que demuestra su incapacidad para encontrar una fórmula de estabilidad gubernamental.

Como es conocido, el gobierno de Mariano Rajoy se niega a responder de sus actos ante el Congreso con el argumento -enunciado por la vicepresidenta del Gobierno- de que el gobierno en funciones "no puede ni debe estar sometido al control de una Cámara que no le ha otorgado su confianza". Tras recordar que desde la fecha de las elecciones el Ejecutivo tiene limitadas sus facultades "al desarrollo de actividades de carácter puramente administrativo que no impliquen orientación política alguna", Sáenz de Santamaría descartaba la posibilidad del control parlamentario "en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y del régimen de democracia parlamentaria que los españoles nos otorgamos en la Constitución de 1978". De momento, el ministro Morenés ya no ha comparecido ante la comisión de Defensa del Congreso pese a estar citado para informar sobre la última reunión de ministros comunitarios del ramo y sobre la operación naval en el Egeo.

La tesis es jurídicamente muy endeble, pese a la condición de abogada del estado de la vicepresidenta. El artículo 66.2 CE dice textualmente "Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución". Y el artículo 108 CE dice por su parte con taxativa y meridiana claridad que "El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados". Nada se dice del gobierno en funciones. NI parece razonable imaginar que ese Ejecutivo que no disfruta de la confianza de la cámara podría realizar acciones arbitrarias sin responsabilidad política alguna, entre otras razones porque también la Constitución garantiza -art. 9.3- "la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

Pero, además, esta posición es políticamente insolvente porque ignora que el Gobierno, además de cumplir con las funciones internas que la Constitución le otorga, sobre las que los propios ciudadanos tenemos plena soberanía -y en este sentido, el gobierno sólo puede ciertamente gestionar los asuntos corrientes-, ha de atender a requerimientos derivados de nuestras obligaciones internacionales, como las de índole europea, y sería absurdo pensar que un gobierno en funciones puede disponer en Bruselas de total autonomía para hacer y deshacer sin rendir cuentas ante el Parlamento español. Puede darse el caso -y, de hecho, se está dando el caso- de que ese gobierno en funciones tenga que pronunciarse sobre cuestiones vitales (las que atañen a los refugiados), que no admiten aplazamiento. ¿Y podría alguien imaginar siquiera que no sea necesario en estos casos buscar y encontrar la debida concordancia entre la sensibilidad mayoritaria de la cámara y las decisiones que el Gobierno formalice en las instituciones comunitarias?

Que nadie piense, sin embargo, que las discrepancias que enfrentan al gobierno y a al parlamento son reales: Rajoy y su equipo saben perfectamente que su causa es indefendible. Y tan sólo intentan no ser instrumentalizados por sus adversarios, no sufrir el desgaste que pudiera derivarse del referido control en puertas de unas nuevas elecciones. Algunos pensamos que el electorado premia la cordura, la buena fe política, la altura intelectual, pero otros, enfangados en la política y con pocos escrúpulos, parecen pensar todavía que muchos electores comulgan con ruedas de molino.

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