En esta semana que concluye, el líder del Partido Socialista ha viajado a Barcelona, a entrevistarse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La coyuntura actual es confusa por la falta de gobierno tras el 20D, de modo que, como sus protagonistas han reconocido, la única utilidad del encuentro ha sido poner fin al "bloqueo institucional", a la incomunicación política casi absoluta entre ambas instancias, salvo, claro está, en los asuntos corrientes de la relación, que han funcionado con normalidad (o con la anormalidad habitual, si se prefiere así).
Las causas de esta incomunicación son complejas, pero es muy difícil eludir la sensación fundada de que el deslizamiento del catalanismo político hacia el soberanismo independentista ha tenido que ver con la corrupción de las elites nacionalistas catalanas, que, al verse sorprendidas en falta como protagonistas de un colosal expolio, han optado por eludir sus responsabilidades lanzándose al vacío de la independencia, en el que lógicamente, quedarían fuera del alcance de la fiscalía y de la agencia tributaria españolas. En cualquier caso, y aunque la incomunicación tenga parcialmente esta causa (y otras conexas), el Estado tiene la obligación de resolver política y jurídicamente estas situaciones, y de hacerlo por ambas vías. Es decir, las impugnaciones de determinados excesos de la Generalitat no son incompatibles con las negociaciones políticas encaminadas a resolver las diferencias que al cabo son las causantes de los roces jurídicos.
Rajoy, por convicción o por temperamento, ha afrontado el conflicto catalán a la defensiva, sin adoptar la menor iniciativa. Nunca entendió que bajo la capa llamativa del independentismo rampante había un lecho de desconfianza y de resentimiento de Cataluña hacia el resto del Estado; una sensación muy generalizada de maltrato, de postergación; una convicción de que el Estado ha ninguneado al principado, le ha limitado los derechos culturales y no le ha permitido un desarrollo socioeconómico pleno. En definitiva, el Gobierno no ha sido capaz de ver que aunque el independentismo no sea probablemente mayoritario, la sensación de agravio sí lo es. Por lo que, con independencia de que se invoque la Constitución a la hora de responder a las exigencias del soberanismo, haya que negociar con Cataluña las reformas institucionales que puedan calmar los ánimos y devolver la tranquilidad de ánimo a los catalanes.
El partido socialista, por su parte, propone a los catalanes participar en una reforma paccionada de la Constitución que revise y federalice el modelo de organización territorial, tras la cual podría procederse a una nueva reforma del estatuto de autonomía para adaptarlo a los términos más acogedores de la nueva carta magna. Si se cumpliera este proyecto, los catalanes ejercitarían dos veces el derecho a decidir. La propuesta podría encontrar el acompañamiento de la mayoría de las demás fuerzas políticas estatales, ya que tanto Podemos como Ciudadanos ven necesaria la reforma constitucional, y el PP no podría resistirse a una iniciativa racional y consensuada en la dirección apuntada.
En Cataluña, la marcha de Artur Mas para complacer a la CUP, una formación antisistema que también es independentista, no ha cambiado el fondo de la cuestión pero sí ha aliviado los términos de la controversia. Puigdemont, aunque soberanista de pura cepa, no es un sectario, y parece entender la necesidad de volver a encauzar el conflicto por rieles políticos si no se quiere que el desaguisado termine dañando las relaciones sociales y el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso, la visita de Sánchez a Puigdemont debe ser el primer paso de una nueva etapa en que se recuperen las formas, el buen criterio y la capacidad de negociar y de pactar soluciones.
