La pasada semana, el gobierno en funciones exhibió un pintoresco dictamen de la secretaría de Estado para las Relaciones con las Cortes que aseguraba que el Ejecutivo no está sometido al control del nuevo Parlamento, que, obviamente, no le ha otorgado la confianza. El alto funcionario que firmó el dictamen no debió haber leído el artículo 108 de la Constitución, que dice textualmente y sin matices que "el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados". Sea gobierno en funciones o en toda su plenitud.
Por fortuna, la abogacía del Estado elaboró después otro informe en que se deja claro que el Gobierno debe obtener la aquiescencia del Congreso cuando haya de ir más allá de la simple gestión de los asuntos corrientes y se vea obligado a tomar decisiones que involucren a futuros gobiernos. Dicho dictamen se redactó en febrero, cuando Rajoy hubo de intervenir en la cumbre en que se aprobaron las condiciones que reclamaba Cameron para evitar el 'brexit', pero es de aplicación nuevamente ahora, cuando el Ejecutivo actual tiene que adoptar una actitud determinada en la crisis de los refugiados. Rajoy, en concreto, deberá viajar a Bruselas para asistir jueves y viernes a la cumbre que deberá ratificar o no el bochornoso preacuerdo adoptado el 7 de marzo en un encuentro UE-Turquía, según el cual los inmigrantes que llegaran a la UE por Grecia serían devueltos masivamente a Turquía. Y con anterioridad, hoy miércoles, comparecerá el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, con el propósito de pactar una posición común. El Ejecutivo se ha avenido completamente a razones y Rajoy ha escrito una carta a Sánchez para acelerar tal consenso; asimismo, José Manuel García-Margallo declaró el lunes en Bruselas que la propuesta turca de recibir a los refugiados que lleguen a Grecia a cambio de enviar a la UE el mismo número de inmigrantes "nos pareció desde el primer momento inaceptable". Según el ministro, España "se opone radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo, pide un tratamiento individualizado y la suspensión de la deportación hasta que se produzca la resolución de ese tema y, si se ha de producir algún retorno, pide garantías para que se dé seguridad en la protección a los refugiados".
La rotundidad del ministro de Exteriores es ahora magnífica, aunque se echara en falta en un primer momento. Como lo es igualmente la declaración gubernamental de que el acuerdo que se adopte habrá de respetar el Derecho Internacional, incluidos el Tratado de la UE, la Convencion de Ginebra y la carta de Derechos Fundamentales. Rajoy, en concretón de Ginebra y la Carta de Derechos Fundamentales. Sin embargo, aún no se ha disipado la alarma que produjo aquel inefable preacuerdo del 7 de marzo, que se publicó a bombo y platillo y que preveía el manejo de contingentes de inmigrantes de ida y vuelta a Turquía como si fueran rebaños de ganado.
Sería magnífico que hoy el Parlamento diera una lección infrecuente: la de acordar entre las distintas sensibilidades presentes la postura de España en la Unión Europea, mediante un debate previo encaminado a la búsqueda de un consenso amplio. Si así se hiciera habitualmente, si se comprendiera que la política europea debe concordar con los matices del conjunto parlamentario, los asuntos comunitarios serían de mayor interés para la opinión pública, que apenas si los roza porque piensa que versan sobre asuntos exóticos y lejanos. El bipartidismo ha muerto y es bueno que todos actuemos en consecuencia, archivando los modales autoritarios y las explicaciones sólo a posteriori de las grandes decisiones.
