Otra vez la técnica, la ocurrencia de la gente y el sentido práctico cogen desprevenida a la Administración y dejan las cosas sobre el vacío de un marco legal que casi nunca está a tono con las circunstancias. Lo reconoce el propio director general de Movilidad. Es algo "muy nuevo" dice Jaume Mateu y por tanto, mientras se sigue improvisando sobre el día a día, no queda más remedio que estudiar las cosas y adecuarlas a la realidad.
Drivy está empezando, literalmente, a circular con buen ritmo en Mallorca. Es una plataforma de alquiler de coches entre particulares, nacida en Francia hace seis años y que desde mediados de 2015 está en España. A Balears llegó, sana y robusta, hace un mes y ya dispone de un centenar de inscritos, solo en Mallorca, dispuestos a alquilar su coche particular tanto a residentes estables como a turistas. El propietario se queda el 70% de estas operaciones de "economía colaborativa" mientras que Drivy y la aseguradora se reservan un 15% por igual.
Quienes han experimentado ya el innovador sistema cuentan maravillas de él. No es, ni mucho menos, la misma versión que cuentan las empresas de vehículos de alquiler ni las patronales del transporte. Al igual que ha ocurrido con Airbnb en lo relativo al alquiler de casas entre particulares, aquí se vuelve a plantear un conflicto de competencias. Los 'rent a car' están interpelando al Govern sobre si se está incurriendo en intrusismo o competencia desleal.
Admiten que el suyo es un sector liberalizado, pero recuerdan que se mantienen resquicios a nivel fiscal, social, laboral y de seguridad vial que se deben respetar o cuando menos interpretar de forma adecuada. Por eso implican con consultas a Tráfico y a Hacienda y plantean dudas sobre el control del estado técnico y los efectos tributarios de este sistema de cesión de vehículos. Frente a ello, contraponen la seguridad y garantía que ofrecen las empresas profesionales de alquiler de coche. La nueva realidad deberá ser tratada por el Consell Balear del Transporte.
Se podrá discutir incluso la oportunidad de encuadrar este nuevo sistema de movilidad dentro de la llamada "economía participativa" pero es evidente que, al igual que está ocurriendo con las viviendas o con Uber por lo que respecta al taxi, no quedará más remedio que dar con un punto de encuentro y establecer la convivencia entre lo nuevo y lo viejo, entre los sistemas tradicionales y profesionales por un lado y los innovadores y particulares por otro.
No hacerlo así será autoengañarse y engañar a todos. También permitir que se actúe desde la opacidad y la ilegalidad porque no hay quien pare el desarrollo tecnológico ni los modernos hábitos de convivencia entre particulares. La realidad debe ser el punto de partida para el reciclaje normativo. La misma Administración acaba reconociendo, en este asunto de los coches particulares, que no se puede limitar la actividad económica pero sí acotar temas medioambientales en espacios limitados. ¿Caben todos los coches en Mallorca? Drivy puede ser una buena alternativa para rentabilizar más a los ya existentes.
