El 26 de febrero, tenía lugar en Barcelona la toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, elegido un mes antes por el Consejo General del Poder Judicial en una decisión controvertida porque el bloque de consejeros designados a propuesta del PP apartó al hasta entonces presidente, Miguel Ángel Gimeno, sospechoso de tibieza ante el envite soberanista, que concurría a la reelección, y apoyó a Jesús María Barrientos, más del agrado del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y más cercano a la ortodoxia conservadora. Pues bien: Barrientos pronunció en aquel acto un discurso impecable, basado en dos reflexiones asertivas que no admiten controversia alguna. En la primera, señaló que las leyes del Parlament no pueden rebasar el marco de la Constitución, del Estatut y del ordenamiento jurídico en general. El Parlament "está plenamente legitimado para emprender iniciativas de mejora de ese marco de relaciones y convivencia; sin embargo, el propio Parlamento soporta su legitimidad en el Estatut de Catalunya y, antes, en la Constitución española de 1978, de tal forma que ninguna de estas normas básicas podrá verse superada si no es previa su reforma, lograda por los procedimientos establecidos en ellas. Este es el Estado de Derecho que todos nos hemos dado y el plan más sólido de nuestra convivencia pacífica".
La segunda reflexión, mucho más política, versó sobre el papel que debe jugar la Justicia en el conflictivo marco catalán: el Poder Judicial "ha de ser la garantía última de la preservación de ese Estado de Derecho" [?] Ahora bien: "que nadie acuda a los juzgados y tribunales en busca de soluciones al debate social abierto actualmente en Catalunya. Sólo a los responsables políticos corresponde encauzar ese debate y articular respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales". La justicia invoca, en definitiva, a la política para que cada cual asuma su papel y no endose al otro funciones que no le corresponden.
Este haz tiene evidentemente un envés: puesto que el problema catalán no se resolverá, como piensa el Partido Popular de Rajoy, mediante el recurso constante al Tribunal Constitucional, que ha sido dotado precipitadamente de capacidades coercitivas, las llamadas fuerzas del cambio deberán, si se ponen de acuerdo, abordar el conflicto por vías estrictamente políticas.
Este planteamiento, que se hizo presente en la campaña electoral, se ha desvaído después, y no se aprecia en los discursos de las tres formaciones políticas que tratan de construir un gobierno alternativo al del PP gran preocupación por el asunto que es, sin lugar a dudas, el más importante que tiene abierto el proceso político español porque está en juego la integridad del Estado y la armonía del conjunto. La reforma constitucional debía servir recuérdese para ofrecer a la sociedad catalana un marco federalizante más acogedor y adecuado a sus aspiraciones, que debía dar lugar a un nuevo estatuto? tras dos referéndums, el constitucional y el estatutario, que colmarían las apelaciones al llamado "derecho a decidir"? A la vista está que semejante designio ha decaído, en tanto el gobierno de la Generalitat forcejea con patética impotencia entre la presión del Estado y la de la CUP, en busca de una salida que sólo puede provenir de un gran acuerdo magnánimo como el mencionado.
La situación de parálisis es dramática y no se vislumbran soluciones. Porque, ¿cómo podrán las fuerzas políticas surgidas del 20D alcanzar el acuerdo para resolver la cuestión catalana, si ni siquiera son capaces de pactar la investidura de un nuevo gobierno? De hecho, la sola urgencia de resolver la cuestión catalana debería haber forzado ya el acuerdo de los "partidos del cambio" para desbloquear la situación.
