El primer arcabuzazo contra el impuesto turístico aprobado por el Govern no procedió del sector más enfrentado al mismo, los hoteleros, ni del PP, también contrario, sino de uno de los grupos políticos que más énfasis han puesto en su implantación: Podemos, socio parlamentario determinante para la formación del tercer pacte de progrés, pero ausente del gobierno resultante. Su portavoz, Laura Camargo, disparó un proyectil verbal directo al corazón del gobierno social-nacionalista que sustenta en el Parlament: "El proyecto de ley del impuesto turístico del Govern es un fraude a la ciudadanía", "es una medida para tapar cuatro agujeros; el objetivo medioambiental no es respetado". Defendió un impuesto finalista que se destine a la protección y recuperación del medioambiente y del patrimonio cultural e histórico; que el 30% de los proyectos sean decididos por los ciudadanos o que éstos respondan a una territorialización de su destino en función de la presión humana y de la huella turística.
El impacto fue tan brutal que desencadenó de forma inmediata la represalia en forma de respuesta igualmente contundente desde las filas nacionalistas encabezadas por David Abril: "Lo que sería un fraude a los ciudadanos es que no hubiera impuesto turístico". El intercambio de fuego evidenció las diferencias entre quienes defienden un concepto impositivo asimilable a una ecotasa (protección y recuperación del medioambiente y patrimonio cultural e histórico) y quienes apuestan, además, por un destino más amplio (fomento de la desestacionalización; promoción turística, desarrollo de infraestructuras para un turismo sostenible; impulso de proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica; mejora de la formación y calidad del empleo del sector turístico; inversión en infraestructuras de servicio público sociales y sanitarias).
La sesión parlamentaria donde se discutió la enmienda a la totalidad del proyecto de ley, presentada por el PP, ofreció un resultado poco previsible unas semanas antes. A favor de la enmienda, 22 votos (Ciudadanos y PP); en contra, 24 votos (Més Mallorca, Més Menorca, Gmixto Formentera, PSIB); abstenciones, 13 votos (Podemos, Pi). Es decir, quien salva la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Govern de PSIB y Més es El Pi-Proposta per les Illes comandado por Jaume Font. El ambiente fue muy crispado pues no se tenían noticias en el Parlament de tanta y tan dura discrepancia entre socios de pacto. Las acusaciones de deslealtad se intercambiaban a la vez que Biel Barceló y Fina Santiago rompían con su tradicional circunspección y bonhomía para alterar con sus gritos el plácido transcurrir del tiempo de las cariátides. Quién lo hubiera dicho, Jaume Font, coenterrador con Jaume Matas de la primera ecotasa, se convertía, con su abstención, en el salvador del impuesto turístico del tercer Govern de progrés. Mucho tendrán que agradecerle el PSIB y el nacionalismo de Més.
Una cosa hay que destacar de este primer gran desencuentro entre Govern y Podemos. No es un desencuentro secundario o menor. Es un desencuentro que, de no haberse dado la coincidencia, por motivos muy diferenciados, con los votos en contra del Partido Popular, muy probablemente no se habría refugiado en la abstención para escenificar la radical discrepancia de Podemos con el Govern al que sostiene parlamentariamente en uno de los temas de más trascendencia política de toda la legislatura. Si sumamos al distanciamiento provocado por el proyecto de ley la previsible ruptura de la negociación de un acuerdo de gobierno del PSOE con Podemos después del acuerdo del miércoles pasado con Ciudadanos, puede que el tránsito del Govern hasta el final de la legislatura se convierta en una carrera de sobresaltos. Armengol lo fiaba todo a un acuerdo de Sánchez y del PSOE con Podemos. Era la única dirigente regional del PSOE que, de acuerdo con su conocida filiación nacionalista y sus necesidades de estabilidad en Balears, estimulaba la orientación de los pactos para formar gobierno en España hacia Podemos y los secesionistas catalanes, ERC y DiL, preconizadores del referéndum de autodeterminación en Cataluña, coincidentes con su propia posición hasta hace muy poco. Sánchez ha rectificado. Ella queda aislada y a merced de Podemos.
Quedan algunas consideraciones adicionales al dilema ecotasa-impuesto turístico. ¿Por qué en la Comisión de Impulso al Turismo Sostenible los ayuntamientos sólo pueden figurar a través de las asociaciones que les representan? ¿Cómo es posible que no figuren directamente en ella los más importantes, donde la huella turística es más profunda, entre ellos el de Palma? Cuando una administración decide algo de tanta trascendencia como la instauración de un nuevo impuesto, parece absolutamente inexcusable su justificación en base a la insuficiencia de los recursos disponibles para afrontar necesidades ineludibles. No basta con fijar el hecho imponible y el sujeto pasivo. Parece obvia la necesidad de fijar cuáles son esas necesidades y el monto económico que suponen. Nada de eso figura en el proyecto de ley, sólo se enumeran objetivos que tienen que ver, por una parte, con patrimonio y medio ambiente, por otra, con promoción e infraestructura turística, investigación y desarrollo e, incluso infraestructuras sociales y sanitarias. Se hace al revés. Con la justificación de que se hace en otras partes sin que se hunda la oferta turística, se va a generar un flujo de dinero por el cual se van a financiar proyectos sugeridos por los heterogéneos miembros de una comisión, sin que exista el más mínimo encuadramiento dentro de un plan global de prioridades de inversión. Se implanta el impuesto sin saber cómo ni dónde se va invertir su recaudación. ¿Por qué no figura en el proyecto de ley el criterio de reparto de los ingresos del impuesto? ¿Por qué no se especifica que el ingreso por isla va a ser el resultado de la recaudación en cada una de ellas? Si así no figura es porque se pretende una cosa diferente. El vicepresidente Barceló, molesto por esta última pregunta, argumenta que cada ayuntamiento exigiría lo recaudado en su término municipal. Argumento insostenible y que el mismo nacionalismo de Més rechaza cuando circunscribe el derecho a decidir a las entidades supramunicipales. Cada isla exige tratamiento unitario merced a su continuo territorial, lo que no sucede en la discontinuidad territorial del archipiélago. Son bastantes las incógnitas, las dudas y los desacuerdos que suscita el título IV del proyecto de ley como para esperar que sean despejadas, resueltas y solucionadas en su tramitación parlamentaria. Una muestra de su desorientación son las declaraciones de la consellera de Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera: "La filosofía del impuesto turístico es una distribución equitativa y territorial de la riqueza (sic) en cada una de las cuatro islas". Ni la filosofía del impuesto es su distribución, ni el reparto justo figura en él, ni sabe la consellera qué cosa sea la filosofía.
