Así "armas de destrucción legal" ha llamado a los tratados internacionales de inversión un abogado que ha dedicado buena parte de su carrera a defender a los Estados de las demandas multimillonarias de las grandes corporaciones. Apreciación en la que coinciden varias organizaciones no gubernamentales como Attac, el Observatorio de la Europa Corporativa, Ecologistas en acción y otras de distintos países, a las que une la preocupación por las consecuencias que el mecanismo de solución de disputas incluido en el TTIP .
Esas ONG han publicado un informe en el que denuncian el derecho de las multinacionales a demandar a los Estados tal y como ha quedado anclado en numerosos tratados de libre comercio e inversiones ya firmados y se pretende que queden también incorporado al que ultiman Washington y Bruselas (TTIP) y que tanta preocupación suscita. Blanco de sus críticas es el conocido antes en inglés por las siglas ISDS, un mecanismo para la solución de controversias entre inversores y Estados incluido ya en numerosos tratados internacionales y que permite a las grandes corporaciones demandar a los gobiernos por cambios que puedan introducir en las políticas públicas y que supongan una merma de sus beneficios.
Como señala el informe, tales casos sobrepasan a los tribunales nacionales ya que se dirimen en tribunales internacionales de arbitraje integrados por tres abogados particulares que deben decidir entre los beneficios privados de las empresas y el interés público, es decir, el de los ciudadanos. Los Estados, denuncian las ONG, han permitido a las grandes corporaciones ganar miles de millones a costa del dinero de los contribuyentes, es decir de sus impuestos, en muchos casos como compensación por medidas de interés público adoptadas por los Gobiernos y que aquéllas consideraban lesivas para los intereses de aquéllas.
Dado el rechazo ciudadano en muchos países a tan injusto mecanismo de solución de conflictos, la Comisión Europea decidió cambiar el acrónimo inglés de ISDS (Investor State Dispute Settlement: Solución de disputas entre inversores y Estados) por el de ICS (Investment Court System: Sistema de tribunal de inversiones). Según el citado informe, se trata sólo de un cambio de etiqueta para decirlo con una expresión muy castellana, " vino viejo en odres nuevos", que está lejos de proteger "el derecho a regular" de los Gobiernos, como se pretende, sino que permite que "muchas más multinacionales puedan esquivar los sistemas legales nacionales y demandar a los Estados".
Podrán hacerlo en el caso de que las leyes o regulaciones aprobadas por gobiernos democráticamente elegidos limiten la capacidad de las grandes corporaciones de generar los beneficios económicos esperados, lo que tendrá la consecuencia perversa de que miles de millones de los impuestos de los ciudadanos vayan directamente a las arcas de aquéllas. El informe señala el "crecimiento exponencial" del número de conflictos entre inversores y Estados: así, de sólo tres casos conocidos en 1995 se ha pasado a un total hasta el pasado enero de casi 700 casos de demandas interpuestas contra Estados y con un récord absoluto de setenta nuevos litigios presentados sólo el año pasado. A lo que se suma el por igual preocupante incremento de las cuantías exigidas.
Países de todos los continentes han visto "limitaciones en sus políticas públicas por aplicar leyes contra el tabaco, restricciones en el uso de sustancias químicas, políticas antidiscriminación, medidas de estabilidad financiera o restricciones en proyectos mineros", entre muchas otras. Un 60 por ciento de las demandas contra los Estados miembros de la Unión Europea han estado relacionadas con el medio ambiente, señalan los autores del informe, para quienes "el nuevo modelo de ISDS de la UE es igual de peligroso para la democracia, para las leyes de interés público y para los presupuestos de los Estados como el anterior, que aún se mantiene en el acuerdo entre Canadá y la UE".
El nuevo acuerdo posibilitará las demandas de inversores contra medidas no discriminatorias para proteger la salud, el medio ambiente y otros intereses públicos ya que incluye los mismos derechos para el inversor que han servido para justificar casos como la demanda de Philip Morris contra Uruguay por medidas de control del tabaco o la de TransCanada, que quiere demandar a EE UU por rechazar un controvertido oleoducto. La propuesta presentada por la UE "incrementa el riesgo de asumir demandas por miles de millones contra medidas de interés público al conceder de manera inmediata una garantía absoluta a las grandes corporaciones, que obtendrían aún más derechos que con los acuerdos existentes".
Si el TTIP incluye la propuesta de derechos del inversor, crecerán las obligaciones y los riesgos financieros para los Estados de la UE: más de 19 países de la UE podrían ser objeto de demandas por parte de inversores estadounidenses ya que más de 47.000 empresas podrán acceder a esos mecanismos frente a las 4.500 que pueden hacerlo actualmente. El informe señala asimismo que la propuesta de la UE es "una vía segura para coaccionar a los legisladores" y explica que existe ya la evidencia de que algunos países han abandonado, modificado o pospuesto medidas de protección medioambiental por la existencia de demandas o el riesgo de litigio de alguna multinacional.
"Debido además a que sólo los inversores pueden denunciar, existirá un incentivo para los árbitros ahora llamados jueces para ponerse del lado de los inversores, ya que esto atraerá nuevos casos, lo que se traducirá en nuevas tarifas y mayor prestigio" para aquéllos.
