El populismo latinoamericano, de cuyas fuentes ha bebido Podemos, tiene poco que ver con los sistemas representativos parlamentarios de las grandes democracias europeas y anglosajonas. El peronismo o el chavismo admiten, faltaría más, la existencia de diferentes poderes no necesariamente los clásicos de Montesquieu; la constitución bolivariana de Venezuela reconoce cinco que se reparten la tarea pública pero no coinciden plenamente en el axioma de que la soberanía popular reside en un parlamento elegido por sufragio universal, directo y secreto, por lo que ésta es la única fuente de legitimidad de la que emanan los otros poderes.
El populismo, como el nacionalismo, surge de una abstracción conceptual, el "pueblo", una especie de organismo inconcreto que tiene sin embargo entidad aprehensible y personalidad jurídica, y que se materializa de forma clara ante el líder, el conducator, el caudillo, capaz de interpretarlo. En la Argentina de Perón y en la Venezuela de Chaves, el sistema institucional, más o menos democrático y representativo, se superpone a la relación superior que mantienen el pueblo y el jefe revolucionario (la eficacia del modelo exige cierta épica, tanto en la liturgia como en la retórica). Y como corolario de este sistema, resulta que el jefe, junto a sus leales, pertenece a una casta reducida de iniciados que es capaz de interpretar cabalmente las demandas ciudadanas. Sólo quienes están en este reducto poseen la verdad, y por esta virtud visionaria han de servir de guía al resto, al tiempo que conducen a la ciudadanía hacia su destino superior.
Por ello, en estos regímenes es muy importante la afinidad sentimental. En el peronismo, en el chavismo, en el franquismo, el destino común estaba en manos de los "adictos", de los leales a esta sintonía eficiente entre líder y población. Y es preciso controlar que las instituciones no caigan en manos de desaprensivos que abrazan otras doctrinas y se resisten a ver la evidencia de este cordón umbilical que vincula al líder del sistema con el cuerpo social.
Así, Podemos propone que la vicepresidencia del Gobierno coordine la lucha contra la corrupción es decir, los jueces y fiscales habrían de someterse a una consigna política y que los altos cargos institucionales sean designados "atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar". El lógico escándalo suscitado por jueces y magistrados ante esta politización descarada de las tareas jurisdiccionales ha obligado a la formación de Iglesias a retirar el "compromiso", no sin mantener en otro párrafo que "la elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del cambio". En definitiva, los profesionales del Derecho liberales o socialdemócratas quedarían excluidos.
En RTVE, el viraje que se postula es parecido. En el programa electoral, Podemos parecía sugerir un retorno a la genuina ley de 2006, que fue desvirtuada por el PP al eliminar la necesidad de que el consejo de administración y su presiente fueran elegidos por dos tercios del Congreso. Pero ahora propugna el asamblearismo: el jefe de informativos debería ser elegido por toda la redacción? Lo que, obviamente, no garantiza la neutralidad, sino más bien al contrario: lo sensato es que el presidente de la entidad, transversal y elegido por consenso, se dote de un equipo capaz de mantener a todos los niveles la misma neutralidad.
En definitiva, lo inquietante de Podemos es que, pese a ciertos reflujos intelectuales que sugieren moderación, su discurso escapa de la lógica parlamentaria. A veces parece que no se trata de refinar nuestro modelo europeo sino de aderezarlo con burdos elementos populistas.
