El Consejo de Seguridad Nuclear está avanzando impertérrito en su decisión de autorizar la reapertura de la central nuclear de Garoña, a pesar de que el pasado 2 de febrero todas las formaciones parlamentarias, salvo el PP, pidieron al Consejo que frene este proceso hasta que se forme nuevo gobierno (la decisión final deberá ser aprobada por el ministerio de Industria). Pero hay prisas que no tienen fácil justificación. Y menos en un ámbito en que domina el sector eléctrico, cuya tradición intervencionista arrastra una triste historia en este país.
El regulador tiene que ser insobornablemente independiente, pero su funcionamiento ha de plegarse a la soberanía popular, esto es, al Parlamento. Y no es bueno para nadie ni para el CSN ni para esta democracia tan atribulada por tanta corrupción que parezca que un organismo público está haciendo el trabajo sucio a los opulentos empresarios de un potente sector industrial.
Si los obstinados consejeros tan sólo uno, la exministra Cristina Narbona, propone acatar la voluntad del Parlamento mantienen su decisión, contraerán una responsabilidad política descalificante que habrá que depurar cuando arranque la nueva legislatura. Y nadie en su sano juicio puede pensar que en última instancia prevalecerá la voluntad del CSN sobre la de la mayoría absoluta de la cámara baja.
