Tras la sentencia del Constitucional que anula la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña, y una vez investido Puigdemont al frente de la Generalitat con el apoyo envenenado de la CUP, el gobierno catalán avanza con pies de plomo, consciente de estar bajo el escrutinio permanente de los servicios jurídicos del Estado. Hasta el momento, Puigdemont ha creado una consejería de Exteriores, cuya actividad ya acaba de ser suspendida por el Constitucional porque invade materias de competencia exclusiva del Estado, y ha dado los pasos previos a la elaboración de las llamadas "leyes de desconexión" de transitoriedad jurídica, de Hacienda y de Seguridad Social, cuya tramitación tampoco sería admitida por Madrid. Claramente, Barcelona está moviéndose a medio gas, a la espera de la respuesta que las instituciones constitucionales den a estas primeras iniciativas rupturistas.
En el ámbito constitucionalista, el PSOE ha trazado ya un camino para el desbloqueo del contencioso. Por una parte, fía a la reforma constitucional la solución del problema de fondo, que debería resolverse mediante el reconocimiento de las singularidades culturales de las nacionalidades históricas, Cataluña entre ellas, en un marco tendencialmente federal, en que las comunidades federadas obtengan un deslinde claro de sus competencias exclusivas y compartidas. La reforma comenzaría de inmediato: en un mes se crearía la subcomisión que acotaría las materias y que en enero de 2017 daría paso a una ponencia. Por otra parte, Sánchez, que rechaza apoyarse en las formaciones soberanistas CDC y ERC para su propia investidura, tanto por acción como por omisión, ha ofrecido un diálogo franco, que deberá empezar por los 23 puntos que Artur Mas pretendió debatir con Rajoy en agosto de 2014, sin conseguirlo (no sería justo culpar en exclusiva a Rajoy de aquel choque de trenes, pero sí hay que decir que el presidente del Gobierno, airado por las veleidades separatistas del otro, no dio facilidades). Como se recordará, aquel listado de demandas, que se ha comparado con el histórico Memorial de Greuges, contenía cuestiones pendientes muy diversas la lanzadera desde Barcelona a su aeropuerto, la transferencia de las becas universitarias, las tasas judiciales, la insuficiente financiación de la dependencia, etc. que no resultan llamativas en la agenda de contactos entre el presidente del gobierno y el de una comunidad autónoma.
Puigdemont no es Artur Mas, y el nuevo presidente de la Generalitat, actualmente en las redes incómodas de la CUP, ya se ha cuidado de lanzar mensajes discretos en el sentido de que está buscando un cauce por el que pueda discurrir pacíficamente su "programa máximo" hacia un entente con Madrid que alivie las graves tensiones existentes y dé paso a un statu quo normalizado que aplace indefinidamente las pulsiones rupturistas. En otras palabras, todo indica que cabe una solución pactada permanente sobre la base de una reforma constitucional y de una reforma del estatuto de autonomía que den cabida a una descentralización pactada que pueda someterse a los correspondientes referéndums el de la reforma constitucional y el de la reforma estatutaria, que cierren definitivamente el contencioso.
Sánchez parece haber apostado a esta vía, y se dispone a recorrerla si consigue la investidura. Entre otras razones, porque no existe otro camino distinto que el de la conciliación y el pacto que han preferido el 52% de los catalanes y que es el previsto en nuestra propia Constitución. Lo increíble es que un partido que ha gobernado hasta ahora con mayoría absoluta no haya dado un solo paso para reatar los lazos con una Cataluña que permanece al borde del abismo.
