En agosto de 2014, cuando Artur Mas y Mariano Rajoy todavía se hablaban y cuando probablemente había tiempo todavía de hilvanar diálogos constructivos, el president de la Generalitat presentó al jefe del Ejecutivo español una lista de 23 demandas para que fueran debatidas y negociadas entre ambos. La lista era variopinta y contenía numerosos asuntos susceptibles de ser pacíficamente discutidos, como vayan algunos ejemplos a modo de muestra la construcción de la lanzadera entre Barcelona y el aeropuerto de El Prat, la transferencia de las becas universitarias, las tasas judiciales (después eliminadas), la insuficiente financiación de la ley de la dependencia, etc.
La negociación no tuvo lugar. En parte, porque la relación entre Barcelona y Madrid ya no era buena, en parte porque Rajoy no tuvo interés en cultivar el trato fluido con la Generalitat, que ya había tomado iniciativas de sesgo claramente independentista. Sin ver que la incomunicación conducía irremediablemente al choque de trenes, como al final ha sucedido.
Ahora, Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del Gobierno, se reunirá con representantes de ERC y de CDC no para pedirles el voto ni para rogarles la abstención sino para hacerles saber que no está de acuerdo con ellos, que no condescenderá con la reclamación del derecho de autodeterminación y que le tendrán enfrente en esta aventura soberanista. Pero también les dirá que él sí está dispuesto a hablar de todas las preocupaciones de Cataluña, empezando por aquellas 23 demandas inatendidas en su momento. Ésta ha de ser la actitud cabal de las instituciones españolas, tan sólidas frente a las pretensiones de ruptura como flexibles ante las aspiraciones de la sociedad catalana.
