Botín con mayúscula o sin ella, y pertinente en ambos casos. La doctrina que pretendía aplicarse a la encausada y recientemente desestimada, surgió en 2007 y toma su nombre del fallecido presidente del Banco Santander, exculpado por razones que se trajeron de nuevo a colación toda vez que ni Hacienda (la perjudicada por el fraude) y tampoco el fiscal, ejercen una acusación que queda en exclusiva para el sindicato Manos Limpias porque ya se encargó en su día el fiscal Horrach de eliminar al Frente Cívico, también por la labor y pese al juez Castro, que cargó contra la Doña "Sin pruebas" -de nuevo Horrach-; sólo "reproches éticos" y "partícipe de una teoría conspiratoria" sin pies ni cabeza. Queda aún por determinar quién más estaba en la conjura aunque, a un tiempo, no estaría de más que el llamado, paradójicamente, fiscal, nos convenciese de que entre él, la Zarzuela, Hacienda y algún político de los de "Estoy seguro que a la Infanta le irá bien" -o "Luís, sé fuerte"-, no ha existido contubernio para intentar sacarla sin mácula de ese entramado delictivo en el que participó activamente.
Doña Cristina era vocal del Consejo de dirección en Noos, que ingresó 5.8 millones de euros, procedentes de las comunidades autónomas de Valencia y Balears. Y dimitió en marzo de 2006, pero siguió participando al 50% junto a su marido, Urdangarín, en Aizoon S.L, sociedad con sede en el domicilio del matrimonio y a la que Noos continuó transfiriendo un dinero por el que no se pagaban impuestos y que ella gastó a manos llenas pero, como aseguró, ajena al entramado. Es sabido (Ortega) que la realidad se ofrece en perspectivas individuales, pero no deja de extrañar que coincidan las de los defensores (explícitos o de facto, como el sobrevenido Horrach) para dibujarla a conveniencia. Porque sorprende que la señora no se percatase de unos manejos para los que Iñaki solicitó repetidamente la connivencia de la Casa Real (¿tan despegada la hija que no hablaba con su padre?), y que blanquease los fondos, tarjeta de Aizoon mediante, sin inquirir sobre su procedencia. Por toda excusa, ella, convenientemente asesorada, arguye que ni olerse jamás lo que se cocía, vaya. Porque de asuntos tributarios ni pajolera idea y, además, el amor es ciego.
De ahí el sobreseimiento que se perseguía y es que, a más de la inocencia que transpira su semblante, la acusación particular no es imparcial, en palabras de la Jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Mª Dolores Ripoll (a diferencia de ella o el presunto fiscal, quiero suponer) ni defiende el interés común, toda vez que no es sólo que todos seamos iguales pero unos más que otros, sino que encima -de nuevo Ripoll- Hacienda no somos todos, como erróneamente llegamos a creer hasta que su clarividencia nos quitó por unos días la venda. No existía pues delito alguno porque la doctrina Atutxa, que ponía trabas a la del Botín, no era de aplicación ya que los intereses colectivos no habían sido lesionados y sólo los del pueblo llano; los que sí son Hacienda, para entendernos. Y es esa Hacienda de algunos, los mindunguis de siempre, la que considera el asunto baladí.
Y se siguió en esa línea hasta finales de enero aunque, a tenor de lo visto, quizá fuese oportuno desde ahora cambiar el nombre a la doctrina Botín; llamarla Doctrina pirata y el latrocinio, tras el saqueo, a buen recaudo: en las bodegas cuando los actores eran Morgan y Drake, o a Ginebra, que para el caso poco importa. Y es que una justicia superior, siquiera por estética como pedía Flaubert, no era adecuada a la situación. Para ser algo más que "Responsable a título de partícipe lucrativo" y ¡ale, a casita!, el autor no habría de contar con título que le ampare ya que, en otro caso, la legalidad vale menos que el papel higiénico (así lo afirma el novelista Erri de Luca en "El crimen del soldado") y da igual matar un elefante que la confianza en el trato igualitario.
Es lo que se venía pretendiendo hasta que las tres magistradas de la Audiencia local han frustrado por el momento las expectativas de la cohorte defensora y, con ellas, también las del pillastre que muchos llevamos agazapado dentro; ése que empezaba a confiar en que, de ser sorprendidos en cualquier renuncio (sin duda de inferior cuantía, al no poder engatusar a presidente autonómico alguno), contaríamos con la misma comprensión por parte de Hacienda y la defensora Fiscalía. Igual que Doña Cristina, porque no llegaron a desmentir que todos seamos iguales, si no para Hacienda, sí frente a la ley; desde la Infanta a ustedes y un servidor, de modo que sentarse en el banquillo por pillar unas perras, tercero mediante, sería sólo para dar el pego a la galería y es que también para impartir la injusticia, como parecía, se precisaba de letrados.
El caso es que Cristina va a seguir este mes imputada y nuestro gozo en un pozo, aunque podamos recuperarlo al poco. Todo dependerá de lo que suceda si la cuestión, tras sus declaraciones en próximos días, se dirime finalmente en el Tribunal Supremo y éste acepta, pese a todo, la permisiva doctrina Botín. Que enmascarará el botín.
