Estamos inmersos en la posibilidad, o no, de alcanzar pactos de gobernabilidad centrados en dos áreas diversas aunque íntimamente interrelacionadas. Por una parte contar con una mayoría parlamentaria suficiente (que puede ser variable) para posibilitar las reformas legislativas necesarias (incluida la Constitución), y por otra la formación de un gobierno de talante reformista y progresista, posiblemente de coalición, capaz de afrontar los retos que supone una economía productiva y competitiva que no fundamente su crecimiento en la desigualdad y en los recortes de servicios básicos. Al menos verbalmente todos los partidos y líderes, con coleta o con traje de Armani están por la labor (al menos) de aplicar reformas legislativas (¿incluida la reforma de la Constitución?), especialmente para mejorar el clímax democrático, léase regeneración. Donde radica la dificultad es en los acuerdos programáticos de gobierno que Pedro Sánchez concreta en cuatro ejes: empleo, lucha contra la desigualdad, medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción y acciones políticas para recuperar la convivencia en Catalunya.
Hoy voy a limitarme a reflexionar sobre una de las palabras de moda, regeneración democrática. Qué se entiende como tal, y comprobar si los distintos partidos coinciden realmente (más allá del bla, bla, bla) en las reformas legislativas necesarias y urgentes si pretendemos como mínimo recuperar el buen nombre de la política y sus actores. Me he leído múltiples documentos y propuestas, y he llegado a la conclusión de que como mínimo regenerar la política requiere, entre otros, un ejercicio simultáneo en cuatro frentes: reformar la ley de partidos, redactar una nueva la ley electoral, implementar medidas eficaces contra la corrupción y "ensanchar" las prácticas democráticas en las múltiples y diversas instituciones.
En referencia a la reforma de la ley de partidos, no es necesario reinventar la pólvora. Me he molestado en acudir a la ley de partidos de Alemania, que se fundamenta en una serie de principios básicos: la democracia interna y la financiación (ambas asignaturas pendientes en estos lares). La democracia interna se concreta en la capacidad real de participación de los afiliados y de la ciudadanía, en la transparencia interna y externa mediante el acceso a los datos, resoluciones políticas, actas de organismos de gestión y decisión, etcétera. La financiación de los partidos sigue siendo un "asunto" confuso, pues la información y los consiguientes controles de los orígenes de sus recursos y de los usos de los mismos son escasos o ineficientes (cuando no inexistentes).
En paralelo, es urgente una nueva ley electoral. Posiblemente la actual fue "útil" en los primeros años de la recuperación democrática, pero hoy puede ser incluso injusta. Es imprescindible una mayor proporcionalidad que posibilite una validez similar del voto, independientemente de la circunscripción electoral (la provincia), que evite absurdos tales como que IU tiene sólo dos diputados tras el 20D habiendo obtenido casi un millón de votos. Podríamos analizar la posibilidad de implantar un sistema mixto que posibilitara la elección directa de un porcentaje de diputados de cada partido mediante circunscripciones más pequeñas, o unas primarias reales para la elección de candidatos...
En referencia a la corrupción, me limito a reproducir un principio básico incluido en una propuesta partidista: una justicia independiente en todos y cada uno de los escalafones, medios humanos y técnicos suficientes para evitar procesamientos eternos. Y también controles reales de los Tribunales de Cuentas en la revisión de las "economías" de los partidos, porque aunque el sujeto activo de la corrupción son las personas, los partidos también son actores (véase el PP en Madrid y Valencia).
La urgencia de ampliación real en las prácticas democráticas en las diversas instituciones son evidentes y urgentes. Valgan como simples ejemplos. La trasparencia regulada mediante ley debe posibilitar y facilitar el acceso a la información de las administraciones publicas a los ciudadanos; las Iniciativas Legislativas Populares deben posibilitarse y facilitarse; deben modificarse los reglamentos que rigen las Cortes (desde los plenos, comisiones, grupos parlamentarios...); debe posibilitarse, aún manteniendo la disciplina básica del voto vinculado a su partido de pertenencia, la iniciativa y la libertad del voto de los cargos electos en función de su conciencia y de sus compromisos electorales con los ciudadanos de su comunidad, provincia o circunscripción.
Podríamos continuar. ¿Seremos capaces de llegar a acuerdos básicos de mínimos? No será fácil. En el contexto europeo la "cultura del pacto" forma parte esencial de su práctica democrática (incluso con mayoría absoluta). No es nuestro caso, más allá de la Transición democrática que ahora ponemos a parir.
