Como es notorio, el gobierno de Balears ha decidido, en su política de volver al único camino recto, retrotraer la política lingüística impulsada por Bauzá al estado originario en el que la habían colocado sus predecesores. Es decir, además de reafirmar, vía el famoso decreto de mínimos, al catalán como única lengua vehicular de una comunidad bilingüe con dos lenguas cooficiales, relegando al castellano, lengua del Estado y de quinientos millones de personas en el mundo (la segunda en hablantes en lengua materna tras el chino mandarín), al tratamiento que se pueda dar al inglés, se vuelve a considerar el dominio del catalán como requisito indispensable para el acceso a la función pública y no como mérito. No seré yo el que discuta la necesidad de este requisito para acceder a determinados puestos de trabajo en la administración autonómica que tengan que ver, no solamente con la producción de la documentación oficial, sino también para posibilitar a cualquier administrado la relación, tanto verbal como escrita, con las instituciones oficiales, en catalán. Por cierto que para atestiguar el dominio del catalán, el aspirante deberá haber obtenido el título correspondiente, previo un examen con dificultad tal, que casi es preciso ser licenciado en filología catalana para superarlo. Para que se den cuenta del filtro, que comporta una buena nómina de filólogos, el porcentaje de aprobados ronda un escaso 25%. Escasísimos catalanoparlantes desde la cuna con educación de enseñanza media incluyendo el catalán que han aprendido en escuelas e institutos son capaces de aprobarlo. Si a mí y a tantos otros que accedimos a la función pública de la Administración española nunca nos examinaron de castellano pues teníamos el título de bachiller que lo acreditaba, no se entiende cómo a los actuales bachilleres que han estudiado bajo la inmersión lingüística y han tenido que aprobar la asignatura de catalán, se les exige, además, haber superado este nuevo filtro, a no ser que de catalán hubieran obtenido unas calificaciones altísimas. No tratan de saber si se conoce la lengua sino de si eres capaz de dominarla de tal manera que puedas sortear las trampas que te van colocando en los tests con formulaciones intencionadamente enrevesadas para confundir a cualquiera.
Otra cosa es que se exija como requisito sine qua non para ocupar cualquier puesto en la Administración. Adelantándose a los posibles inconvenientes que puedan presentar gentes indóciles, algunos responsables autonómicos han explicado la necesidad de la exigencia del catalán en el acceso a la función pública. Uno de ellos ha sido Juli Fuster, director general del Ib-Salut. Pues bien, dice el señor Fuster que para acceder a la condición de médico del Ib-Salut es imprescindible haber superado el examen de catalán de marras. Y pone un ejemplo delicioso. Dice que si un payés mallorquín ("el agricultor mallorquín, que apenas sabe hablar en castellano") va a una consulta y le tiene que comunicar una dolencia al médico, por ejemplo, que sufre de hiperplasia benigna de próstata (sa posteta), el facultativo que no tenga acreditado el título de catalán no va a entenderle. El payés mallorquín que no sabe castellano es el recurso retórico de Fuster, inventado, para construir un relato falso. Es la niña de Rajoy y es también la chica Valeria, de Hospitalet, Guadalajara o Valencia que sacaba a relucir Sánchez en cada uno de sus mítines, y que se le había aparecido como la virgen de Fátima en cada una de estas ciudades para explicarle sus cuitas debidas a la maldad del PP. Y como el cliente, o el paciente, siempre tiene razón, pues eso, la Administración tiene que exigir la titulación para defender los derechos de los usuarios de los servicios públicos.
El director general nos habla de un mundo que no existe. Y uno se imagina lo complicado y duro que debe ser para estos socialistas de palabra u obra, pero nacionalistas de corazón, encontrar argumentos serios y rigurosos para explicar sus posiciones políticas. Nada menos que dibujar como realidad del siglo XXI algo que quizá se daba en el siglo XIX o principios del XX y que nunca supuso ningún problema de atención sanitaria. El director se ha inventado un payés que no existe para negar una realidad que sí existe. Cuando sucede esto, simplemente es que no se tienen argumentos. Y en esto consiste la cobardía del nacionalismo vergonzante que no osa presentarse a cara descubierta para no perder votos. El nacionalismo auténtico no necesita acudir a estas chorradas para justificar sus posiciones lingüísticas. Aquí hay una tribu y la única lengua que se habla en la tribu es la de la tribu. Y punto. Por mucho que la tribu tenga dos lenguas. Y que la ley diga que ambas son oficiales. Como mínimo hay que agradecerles a los auténticos que no pretendan enredarnos con soliloquios estúpidos.
Claro que uno puede imaginar que el facultativo castellanoparlante que se ha sacado el título en catalán estándar se arme una pequeña confusión cuando el payés de Fuster empiece a salar los artículos (que conste, defiendo el catalán estándar y la unidad lingüística). Cuando se le plantea al director general que muy buenos profesionales no acudirán a la sanidad pública debido a este requisito tan difícil de obtener, responde con otra genialidad: "Si el mejor profesional no viene porque tiene que hablar catalán dudo mucho que sea el mejor profesional". Aunque hay que reconocer que cuando había déficit de profesionales, muchos, con desprecio a nuestra lengua catalana y nula voluntad de aprenderla, vinieron aquí sólo a hacer caja. Un profesional de la medicina tiene que haberse currado como mínimo seis años de carrera y el dominio de la lengua inglesa además de la suya propia; suponiendo que aprueba el MIR a la primera tiene que cursar cuatro años más y se pone casi en los treinta. Como para ponerse a estudiar catalán, no para hablarlo, que creo indispensable, entre otras cosas, por respeto a nuestra cultura, sino para sacarse un título de dificultad acreditada, para poder venir a trabajar a Mallorca. Decir que si no quiere aprender el catalán para venir a Mallorca es porque no es el mejor profesional, es, además de una falsedad (es el título) otra estupidez para esconder las inevitables consecuencias de la exigencia del título de catalán a todos los empleados públicos de una comunidad bilingüe con dos lenguas oficiales y en la que todo el mundo sabe hablar con mayor o menor soltura el castellano. De lo que se trata es de disimular con toda clase de solecismos el dogmatismo, la rigidez y el desprecio por la atención y la educación de los baleares. Ya se comprobó en unas pasadas oposiciones a cátedra de piano en el conservatorio. Frente al profesor extranjero excelente que no dominaba el catalán se optó por el indígena que no llegaba a sus niveles de excelencia, pero con el título. En la elección entre la excelencia y el título de catalán, los nacionalistas auténticos escogen el título; los vergonzantes, también, pero tienen que disimular y decir tonterías. En lugar de ofrecer a los baleares la posibilidad de que cualquier profesional excelente con voluntad de comunicar sus conocimientos, aunque sea en un catalán chapurreado, pueda hacerlo, les ofrece los beneficios de la tribu a los que no alcanzan la excelencia: no vendrán los postulantes de fuera que el puesto de trabajo te disputarán. Mucha mediocridad. Y una desgracia para el resto de los ciudadanos de Balears.
