Enric Juliana lo ha subrayado con su habitual perspicacia: el desmantelamiento de la mafia del PP en la comunidad valenciana, la 'operación Taula', que ha supuesto la detención de 24 personas al mando del presidente de la Diputación, Alfonso Rus, ha sido calificado por los medios como una "redada". El término no había sido usado hasta ahora porque sólo parecía aplicable hasta ahora a la delincuencia común. Pero al abordar este episodio de corrupción masiva, masiva, la operación de la Guardia Civil ha dejado de tener significado político y se ha convertido en una simple persecución de maleantes, despojados de cualquier dignidad, que durante años han expoliado a los valencianos mediante la prevaricación y el cohecho, enriqueciéndose y depravándose hasta la náusea. Y lo más grave es que no era ningún secreto: todos han exhibido su alto nivel de vida, difícil de lograr con los simpes salarios públicos. Pero sus jefes miraban hacia otro lado.
Quiere esto decir que las formaciones políticas que están detrás de los episodios de corrupción han perdido toda su respetabilidad. Los ciudadanos, relativamente perplejos porque ya se olían desde hace tiempo el desmán, han sustituido la indignación por el desdén y miran con desprecio los intentos patéticos de sobrevivir que aún realizan los políticos supervivientes de la gran cacería, los escasos especímenes que no se corrompieron o que han conseguido pasar inadvertidos. Todo está tan putrefacto, que ni siquiera parece fácil una refundación: lo lógico sería cerrar la tienda definitivamente y para siempre.
