Cuando el campo mallorquín estaba entregado a la agricultura, los payeses se enfrentaban y controlaban las malas hierbas. Hoy, cuando fora vila es el inmenso patio de recreo de la sociedad urbana, la maleza, mucho más agresiva, se llama construcciones ilegales. Nadie las controla. Permanecen a merced de la voluntad o más bien el capricho personal del infractor.
La consellera Mercedes Garrido parecía extrañarse de la realidad que delataba al hacer público ayer el colapso que afecta a la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell. Ponía especial énfasis en resaltar la gravedad de la cuestión. Se le puede agradecer el esfuerzo, pero no hacia falta. La anarquía urbanística en el campo mallorquín salta a la vista. Da igual el punto cardinal o el horizonte hacia el cual se dirija la mirada. Almacenes agrícolas y casas de aperos transformados en chalés son la norma antes que la excepción. Ahora se anuncia intervención y mano dura. Otra vez. En cuanto a disciplina urbanística, en Mallorca, también funciona la ley del péndulo. En Consell de Maria Salom no hizo ni quiso hacer nada. Ni siquiera tenía precintos para desactivar obras ilegales. El Consell de Miquel Enseñat promete seriedad y rigor. Veremos.
En la ADU se acumulan 1.206 expedientes de infracción que no se han tramitado por falta de voluntad política. También hay 150 ordenes de demolición en firme no ejecutadas y 79 recursos de alzada puestos por presuntos infractores y bloqueados por falta de respuesta. Muchos expedientes, 562, se arrastran desde 2009, cuando fue creada la agencia. Sin embargo no han caducado porque, para más inri, afectan a áreas naturales de especial protección.
Cuando la norma legal deja de aplicarse pierde todo su vigor y sentido. Es lo que está pasando con la disciplina urbanística en Mallorca. El Consell se muestra ahora predispuesto a eliminar la sensación de impunidad. Dice, en buena lógica, que la ADU debe ser un instrumento de protección del territorio.
Se anuncia un plan de choque que pasa por incrementar en 12 la plantilla de 15 trabajadores actuales con especial refuerzo de personal jurídico del que se adolece de modo significativo. La ADU tiene asumido de forma directa el control de la disciplina urbanística en un grupo considerable de municipios mallorquines y competencias en todos cuando no actúa el ayuntamiento afectado. Quizás este sea el punto determinante. Resulta complicada la intervención directa frente al infractor próximo y conocido. La Agencia de Disciplina se vuelve entonces instrumento más aséptico, profesional y eficaz. Pero no puede estar paralizada.
