Esta misma semana, casi de forma paralela, se ha conocido la reacción del Grupo Barceló frente a la retirada de su adjudicación del todavía inacabado Palacio de Congresos de Palma y, por otro lado, las intenciones del ayuntamiento de Palma para poner en funcionamiento el complejo. Las noticias al respecto no son alentadoras porque anuncian conflicto entre instituciones y empresas a la par que confirman el enésimo retraso para estrenar el vasto recinto de la fachada marítima.

La dinámica instalada ahora no despeja dudas, más bien alimenta la confusión de los procesos administrativos establecidos y sobre la verdadera posibilidad operativa de un Palacio de Congresos, que ya hace años que debería estar a pleno rendimiento y, sin embargo, permanece encallado cuestionando la labor de la sociedad pública que lo patrocina. Las obras empezaron hace una década.

El Grupo Barceló ha decidido recurrir ante los tribunales la retirada de la adjudicación aprobada por la mesa técnica. Según su consejero delegado, Raúl González, no lo hace en busca de indemnizaciones o réditos económicos directos, sino porque está interesado en la explotación de las instalaciones. Lo ha dicho en Fitur, la feria de turismo de Madrid en la que se ha avanzado que el próximo verano no quedará una sola cama libre en los establecimientos hoteleros de Mallorca. La verdad es que Fitur ha sido un filón de noticias relativas al todavía no nato Palacio de Congresos.

El alcalde José Hila también ha aprovechado el marco de la feria madrileña para anunciar que en el plazo máximo de dos meses el ayuntamiento de Palma convocará un nuevo concurso, el sexto ya, en lo que, con toda probabilidad, es el último intento desesperado para otorgar la infraestructura a alguien. De este modo quedan despejados los rumores que apuntaban hacia un nuevo parón del proceso administrativo de asignación de la explotación. "La Justicia no puede paralizar una ciudad" ha dicho el alcalde. De entrada, es una expresión que no garantiza nada. Lo que sí resulta incuestionable es que las desavenencias entre empresa y Administración y las producidas en el seno de las instituciones, sí han paralizado y quizás condicionado para siempre, el Palacio de Congresos de Palma. La afirmación de David Abril, de Més, indicando que Barceló se puede dar por satisfecho porque no se le han exigido los avales de su retirada, en este momento, solo sirve para añadir leña al fuego. Por su parte, el grupo hotelero aludido ha dejado abierta la posibilidad de volver a presentarse al nuevo concurso que anuncia el alcalde para hacer ver de este modo su interés por el Palacio. En todo caso, habrá que dejar madurar el último proceso abierto porque el mismo Hila reconoce que el Ayuntamiento no tiene claro si el complejo congresual debe tener una gestión pública o privada, si bien da por hecho que el hotel anexo será explotado por una de las grandes cadenas mallorquinas.

Mientras se dirime si fue lícito que Mateo Isern se negara a firmar, o la inefectividad del concurso, como argumenta José Hila, y el modo en el que debe realizarse la nueva convocatoria, lo cierto es que, salvo nuevos altercados, nada descartables a la vista de cómo están las cosas, el Palacio de Congresos, en el mejor de los supuestos, no entrará en servicio hasta bien entrado 2017. Su génesis ha sido un cúmulo de despropósitos que llegan a condicionar la operatividad de la infraestructura y han acabado perjudicando a todos, a la Administración, al ciudadano que solo ha pagado y a las empresas turísticas y de servicios de Mallorca.