Las vicisitudes de Podemos en pos de varios grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado han puesto de manifiesto la inconsistencia de una organización que ha improvisado su presencia y su estrategia y ha obtenido una descoyuntada representación política en las Cortes. Pero también ha evidenciado un serio desajuste constitucional, porque la Carta Magna no consigue aclarar la verdadera entidad del Parlamento, ni la especificidad de ambas cámaras.
En un sistema bicameral de corte federalizante como el nuestro, la cámara baja es, o ha de ser, la cámara de las ideas, y en ella han de estar representados los partidos, dispuestos a defender su ideario. No tenía, pues sentido, que Podemos quisiera otorgar una personalidad propia a cada especificidad territorial y lo lógico es que el grupo parlamentario encabezado por Pablo Iglesias las englobe. Claro que este criterio choca con la evidencia de que las minorías nacionalistas han tenido cabida en el Congreso en el pasado y lo tienen también actualmente. Por el contrario, el Senado es, o ha de ser, la cámara de representación territorial, y es absurdo que estén representados en ella los partidos (como en el Congreso) y no los territorios. Es, pues, urgente reconvertir la cámara alta para que sean las comunidades autónomas, y no los electores, las que designen a sus representantes en ella.
De donde se deduce que la gran urgencia de la política española es la reforma constitucional, que, entre otras cuestiones, aclare los fundamentos de la representación política, un asunto previo a todos los demás.
