Tribuna

Real decreto de prescripción enfermera: crece la tensión

19.01.2016 | 02:19
Real decreto de prescripción enfermera: crece la tensión

Hace más de tres semanas que entró en vigor el polémico e impresentable real decreto de "prescripción enfermera" y día a día van apareciendo focos incendiarios que van añadiendo temperatura a un ya de por sí explosivo contexto. Por un lado, la Organización Médica Colegial (OMC) se manifiesta amenazando con las consecuencias que tendrá para la enfermería si hay "pacientes afectados", como si el problema generado por un decreto incoherente, absurdo, imposible de cumplir por las incongruencias en su contenido (remite a cumplir obligatoriamente protocolos y guías que no están publicados) fuese un problema exclusivo de la enfermería. No olvidemos la consigna emitida por el Colegio de Médicos de Las Palmas, instando a sus colegiados a denunciar a toda aquella enfermera que no cumple a rajatabla el decreto. Habría que decirle a la OMC que la enfermería trabaja como profesión autónoma incluida en un equipo multidisciplinar, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria y en Emergencias, y que por lo tanto el problema surgido es un problema que afecta a todo el sistema sanitario asistencial, y no solo a un colectivo. Afortunadamente, lo que manifiesta el señor Sendín, presidente de la OMC, no es la opinión ni actitud de la mayoría de los médicos que día a día trabajan en equipo con la enfermería, que entienden la situación y colaboran en encontrar conjuntamente una alternativa al despropósito del decreto.

Por otro lado, la mesa estatal de la profesión enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y por el sindicato SATSE, cómplices necesarios en la redacción del decreto. Ambos fueron los colaboradores del ministerio durante todo el proceso de elaboración del decreto. Se autoproclamaron representantes "exclusivos" de la profesión enfermera, prescindiendo de todas las demás entidades que forman parte de la profesión o que la representan mayoritariamente en la Sanidad (sociedades científicas, sindicatos, etc.), y evitando los cauces y foros legalmente establecidos para la negociación. Sus fotos con Rajoy o con Ana Mato y sus reuniones ministeriales fueron difundidas a bombo y platillo para que quedara constancia de su "gran labor". Ese afán de protagonismo, divergente de los intereses reales de la profesión, fue "recompensado" con el texto definitivo del decreto, que denigra, menosprecia y humilla a toda la enfermería de este país. Una vez más queda demostrada su incapacidad negociadora y su representatividad profesional. Una vez más, la enfermería es ignorada y es la OMC, junto con los ineptos del ministerio de Sanidad, los que redactan el texto definitivo del decreto, de cumplimiento imposible, demostrando su total desconocimiento de la realidad asistencial y de la profesión y competencias enfermeras.

Ahora, en una campaña mediática agresiva, el CGE y el SATSE se quieren convertir en los salvadores exclusivos de la enfermería, apareciendo como los primeros en recurrir ante la justicia el decreto, intentando hacer creer a la enfermería y a los ciudadanos que si se suspende es gracias a ellos. Lo que no dicen es que han rehuido hacer un frente común con UGT, CC OO y CSIF y presentar un frente sindical unido contra el decreto. Lo que no dicen tampoco es que defienden a capa y espada la necesidad de que las 275.000 enfermeras de este país tengan que realizar un curso de 180 o 360 horas para obtener una acreditación que les permita dispensar los medicamentos que se venden en farmacias sin receta o que se pueden comprar por internet por cualquier ciudadano. Lo que no dicen es que el decreto recoge que esos cursos los impartirá el CGE y otras entidades que promuevan su desarrollo profesional (la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería es la que imparte la formación del SATSE). El negocio está garantizado.

Los ciudadanos pueden estar tranquilos: a lo sumo un poco de retraso en las consultas, pero la asistencia está garantizada. Nunca ha estado comprometida su seguridad ni mucho menos. La profesionalidad del colectivo de enfermería hace que prevalezca la asistencia al paciente por encima de todo. La huelga competencial con la que amenazan el CGE y el SATSE es una huída hacia adelante para salvar un poco su deteriorada imagen. La solución a este conflicto es jurídica. UGT, CC OO, CSIF, autonomías, etc. han presentado o presentarán recursos solicitando la suspensión cautelar y la retirada completa del decreto. Es cuestión de tiempo, esperemos que poco.

La enfermería es una profesión autónoma. Ha evolucionado con los años y ahora requiere de unos estudios universitarios de grado (cuatro años) más dos años de especialización, por encima de profesiones como podólogo u odontólogo que sí están autorizados por la ley a prescribir como los médicos. Sus competencias garantizan su capacidad para desarrollar toda una labor asistencial específica y colaborativa con la del médico, y así era (y sin ningún problema) hasta el decreto. Solo los estamentos anquilosados e inmovilistas de la Sanidad (OMC, CGE), el SATSE, y unos incompetentes políticos que desconocen la realidad que legislan, se empeñan en intentar mantener un status obsoleto e ineficaz, y que lo único que consiguen es perjudicar e impedir aumentar la calidad asistencial. Es significativo que lleven más de veinte años ocupando las presidencias del CGE y del SATSE las mismas personas. Lo mejor que podrían hacer es marcharse, dimitir y dejar que la enfermería progrese.

Esperemos que este conflicto tenga las horas contadas y que podamos empezar desde cero otra vez a negociar, en el ámbito legalmente establecido y con todos los interlocutores sociales representativos, una nueva normativa sobre la prescripción enfermera, que le dé a la enfermería el marco legal para desarrollar sus funciones con seguridad en beneficio de los pacientes.

* Responsable del Sindicato de Enfermería UGT-Federació de Serveis Públics de UGT Illes Balears.

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