Editorial

Tensión e insultos por los cambios legales

17.01.2016 | 02:13

Un decreto del Govern ha dado carpetazo esta semana a los aspectos más expansivos de las leyes del Suelo, Turística y Agraria de su predecesor, el gabinete Bauzá. Se han suspendido hasta diciembre de 2017 un centenar de artículos de las principales normas promovidas por los exconsellers Carlos Delgado y Gabriel Company, con lo que se frenan los usos alejados de la agricultura y la ganadería en fora vila, la amnistía urbanística que daba por bueno todo lo consolidado y las ampliaciones hoteleras que podían hacerse sumando la edificabilidad de parcelas dispersas. También se ha recortado la reconversión de antiguos hoteles en nuevos apartamentos.

Estos son los aspectos más significativos de una medida que parece responder de forma más adecuada a la racionalidad y adaptarse a la realidad territorial de Balears. Dentro de la tónica cambiante de criterios urbanísticos que ha caracterizado los comportamientos políticos en los últimos tiempos, según gobierne el PP o un pacto de signo progresista, ahora se está en un punto más claro y concreto en el que las principales normas se muestran más fieles y consecuentes con su enunciado.

Pero las derogaciones promulgadas por el Govern Armengol no han sido bien recibidas en todas partes. Las asociaciones hoteleras y la patronal empresarial las han criticado alertando sobre el impacto económico que, a su entender, puede llegar a tener un exceso de proteccionismo. La oposición del PP también ha censurado la medida con algunas reacciones de dirigentes significativos que no son de recibo y demandan una corrección de términos expresados.

El exconseller Gabriel Company, autor de buena parte de las medidas anuladas, ha cargado directamente contra su sucesor, el actual conseller de Agricultura, con el desacierto de recurrir al insulto para ello. Company ha querido ridiculizar a Vicenç Vidal llamándole "mona con pistola" y acusándole de pretender "que no haya payeses en unos años". Naturalmente, Company y cualquier otro cargo público o ciudadano de a pie, tiene todo el derecho del mundo a cuestionar toda decisión o actuación gubernamental. Pero no le está permitido hacerlo desde el insulto. El límite está en el respeto. Es una cuestión de mera educación que no puede ser traspasada por los usos políticos en boga.

Gabriel Company ha protagonizado demasiados incidentes de este tipo. Es un comportamiento de difícil comprensión en un hombre que aspira a tomar las riendas del PP en el próximo congreso del partido en Balears. Es posible que con los insultos vertidos sobre su sucesor, Company haya querido disimular de forma inadecuada sus propios desaciertos.

Diario de Mallorca desvelaba el viernes que el exconseller de Agricultura llegó a manejar un borrador de la ley Agraria en el que se contemplaba la autorización de "masajes no terapéuticos" en las explotaciones agrícolas. Frente a tales despropósitos, la corrección introducida con el decreto aprobado esta semana se muestra más ecuánime y contribuye a reservar los terrenos rústicos para la explotación agrícola, como es su función natural. El campo no puede ser un coladero para construcciones ilegales ni un premio residencial para quienes no se han sujetado a la norma establecida con anterioridad. La delimitación de usos tiene un valor sustancial en una isla como Mallorca, demasiado afectada por la permisividad y los abusos urbanísticos. La agricultura también necesita protección y tutela legal para poder desarrollarse.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

¡Síguenos en las redes!

 
Enlaces recomendados: Premios Cine