Ciudadanos ha irrumpido con fuerza en la política nacional como un potente partido político centrista y liberal, que ha conseguido arañar votos del PP sobre todo, del PSOE y de electores primerizos hasta conseguir 40 diputados, algo que nunca logró una formación "bisagra" desde la instauración del bipartidismo imperfecto en 1982. Como es conocido, el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez fue la única formación que consiguió asomar la cabeza entre las dos grandes organizaciones, y apenas logró 17 escaños en las elecciones generales de 1986, cinco en las de 1989 y catorce en las de 1993.
Parece evidente que el éxito de Ciudadanos, una organización que nació como se sabe en Cataluña de un movimiento intelectual de izquierda antinacionalista, se ha debido en el resto del Estado a la acumulación de dos factores: por un lado, la magnífica oportunidad que le brindaba el poderoso desgaste que afectaba a la vez al PP y al PSOE a consecuencia de la gravísima y mal gestionada crisis económica y de la corrupción que alcanzó cotas sin precedentes; por otro lado, hay que ponderar debidamente la labor de Albert Rivera, quien, al frente de un pequeño equipo, contando con algunos asesores brillantes Luis Garicano y con escasos recursos, ha conseguido edificar una organización capaz de abrirse paso en territorio hostil, aprovechando la brecha abierta por Podemos en la inercia el bipartidismo. Evidentemente, C's y Podemos no compiten por el mismo espacio, pero ambos han sumado fuerzas para provocar la ruptura de un modelo muy arraigado hasta hace poco en la conciencia crítica de los ciudadanos.
Ciudadanos obtuvo buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, por lo que ya posee alguna experiencia fuera de Cataluña. Su papel es especialmente relevante en Andalucía y en Madrid, donde sostiene a los respectivos gobiernos autonómicos con sus nueve y 17 diputados respectivamente. Sin embargo, en estos casos Rivera ha impuesto un criterio polémico: Ciudadanos sólo entra a formar parte de las instituciones cuando las gobierna; si no, permanece en la oposición.
Esta actitud, que también se impone como una premisa previa a las negociaciones de gobernabilidad que puedan emprenderse para formar gobierno en el Estado después del 20D, no es sin embargo la habitual en Europa ni la que parecería más ajustada al modelo democrático. Lo natural en nuestro contexto político y cultural es que gobiernen coaliciones de partidos, capaces de alcanzar la mayoría parlamentaria y por lo tanto de hacer avanzar las instituciones en determinada dirección. Como es conocido, eso sucede en 24 de los 28 países de la Unión Europea, y sólo en cuatro gobierna un solo partido.
Lo racional es que quien sostiene los gobiernos asuma responsabilidades por su acción. No basta con imponer los programas a priori ni con ejercer un control externo de la gobernación: hay que cosechar resultados en todos sentidos, asumiendo el éxito o pechando con el fracaso.
Es evidente que mantenerse al margen evita los desgastes, al menos en apariencia. Pero si esta actitud se generaliza, el votante terminará preguntándose si tiene sentido mantener una opción política que se convierte en instrumental puesto que apenas se utiliza para completar mayorías, para equilibrar balanzas, para que con su abstención o apoyo puedan gobernar estos o aquellos. Un partido tiene que escribir también su biografía a través de políticos que pugnen por el poder, que se quemen en las instituciones, que den la cara ante el público, que muestren su protagonismo. Debería meditar Rivera esta cuestión, a la luz de los ejemplos foráneos. En Alemania, pongamos por caso, Sigmar Gabriel, líder del SPD, aliado de la mayoritaria CDU/CSU es nada menos que vicecanciller.
