Recuperar lo perdido nunca es fácil. Mucho menos cuando media el choque de intereses y derechos públicos con aprovechamientos y abusos particulares. En Balears se llevan años ya luchando contra los casos manifiestos de corrupción por parte de cargos y servidores públicos. Aparte de las condenas penales que ello pueda ocasionar, la reacción de la opinión ciudadana ante tales escándalos, claramente perceptible a simple vista, suele pasar por la reclamación creciente de la restitución del dinero malversado. Es, por otra parte y en pura lógica, una actitud que responde al más elemental y estricto sentido de la justicia.
Si bien las denuncias o descubrimientos de los casos de corrupción y la lenta pero impecable acción judicial de signo penal que se ejerce frente a ellos está dando frutos evidentes, también queda de manifiesto que se vuelve muy complicado recuperar las cantidades de dinero utilizadas de forma fraudulenta. El portavoz del Govern, Marc Pons, señaló ayer que la Comunidad ha conseguido ingresar ya 1,28 millones de euros que nunca deberían haber salido de sus arcas o que, de hacerlo, debería haber sido con destino a infraestructuras y servicios públicos. Para este año se espera recibir otros 2,8 por el mismo concepto, es una cantidad coincidente con la suma que reclama la Abogacía de la Comunidad en el caso Nóos cuyas cuestiones previas, como es sabido, se han dirimido esta semana.
También es cierto que en este momento, si las sentencias en firme hubieran podido ser ejecutadas de forma efectiva, ya deberían haberse ingresado un total de 6,9 millones. Es la evidencia más palpable de la dificultad de recuperar lo perdido por desvío improcedente. En estos momentos, la Abogacía de la Comunidad está personada en una docena de procesos penales por corrupción. De lo resarcido, las cuantías más altas se corresponden con 793.000 euros del caso Scala y 95.000 euros de Ibatur.
Recuperar lo propio se mantiene como una tarea ingente de plasmación efectiva muy complicada. Los servicios jurídicos del Govern han decidido crear un área específica de lucha contra el fraude y, por otro lado, se anuncia la puesta en marcha de la maquinaria de la oficina anticorrupción que dependerá de forma directa del Parlament. Ya figura presupuestada en las cuentas de 2016. Solo falta que se inicie el trámite parlamentario de su proyecto de ley.
Todas estas medidas tienen un doble significado. Por una parte ponen de manifiesto la decidida voluntad de luchar contra los usos indebidos de fondos públicos pero, por otra, también son la expresión manifiesta de las carencias existentes y de la necesidad de establecer medidas y prevenciones terapéuticas para que las cosas se hagan, simplemente, con normalidad y sentido común.
El escarmiento no se supera en dos días. La recuperación de parte del dinero malversado es alivio para las débiles arcas autonómicas, pero no se podrá obviar que su Administración deberá vivir durante mucho tiempo todavía pendiente y dependiente del pesado lastre dejado por la corrupción pública.
