Uno de los conflictos que ha producido la llegada de nuevas formaciones políticas a las instituciones representativas ha sido el suscitado por la pretensión de Podemos de formar varios grupos parlamentarios territoriales en la cámara baja. Como es conocido, el partido político liderado por Pablo Iglesias ha formado coaliciones con organizaciones autóctonas en Cataluña En Comú Podem, en el que participan ICV, Esquerra Unida i Alternativa, Equo y Barcelona en Comú, en Galicia En Marea, formada por Podemos, Anova y Esquerda Unida, así como por diferentes alianzas y agrupaciones ciudadanas y en el País Valenciano Compromís-Podemos-És el moment, alianza formada por Compromís (organización constituida por Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià, Verds-Equo del País Valencià y Gent de Compromís) y Podemos. Y ahora pretende que cada una de ellas posea grupo parlamentario propio en el Congreso con el argumento de que tales coaliciones fueron presentadas a las elecciones generales por separado, y prueba de ello es que el Ministerio del Interior, al efectuar el recuento electoral, ofreció los datos también por separado: Podemos consiguió 42 escaños, En Comú Podem 12, Compromís-Podemos-Es el momento 9 y En Marea 6.
La pretensión de Podemos, que responde al compromiso de este partido con sus socios, ha tropezado sin embargo con el reglamento el Congreso de los Diputados, que marca condiciones estrictas para la formación de grupos parlamentarios y que, en su redacción actual, dice textualmente en el artículo 23.2, perteneciente al Título II, "De los grupos parlamentarios": "En ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar grupo parlamentario separado los diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado".
Con esta disposición, se puso término en los años ochenta a la existencia de los grupos socialistas catalán y vasco, que perturbaban el funcionamiento del Congreso, que no es y no debe olvidarse una cámara de representación territorial sino al contrario: representa al conjunto de la soberanía nacional y ha de atender por tanto a los aspectos unitarios y comunes del Estado. Nuestro Estado de las autonomías es cuasi federal (y algunos confiamos en que las reformas constitucionales propuestas terminen promoviendo el definitivo salto federal hacia un régimen pleno de estas características), por lo que se adapta a la lógica representativa de estos modelos. El Congreso o Cámara Baja es el foro de las ideologías y el Senado, en cambio, es la cámara territorial.
El equívoco que plantea Pablo Iglesias, y que algunos han atribuido absurdamente al afán de recibir las subvenciones a los grupos políticos por cuadruplicado, no es extraño por cuanto responde a la lógica desarrollada hasta aquí: los grupos nacionalistas han mantenido en el Congreso un predicamento exorbitante, que ha desnaturalizado el funcionamiento democrático normal. Ahora que el nacionalismo catalán hace demagogia denunciando la imaginaria desconsideración de Madrid hacia Cataluña, conviene recordar que, por ejemplo, tras las elecciones generales de 1996 que Aznar ganó por estrecho margen, la formación de Jordi Pujol, necesaria para asentar al nuevo gobierno, arrancó un nuevo sistema de financiación autonómica que, supuestamente, beneficiaba a aquella comunidad (después se comprobó que el modelo no era en realidad tan beneficioso para Cataluña, pero el error no fue imputable a las instancias estatales). Frente a esta situación, que ha durado hasta la última mayoría absoluta de Rajoy las mayorías absolutas no necesitaban como es obvio apoyos periféricos, lo deseable ahora es avanzar hacia los planteamientos federales y huir de las visiones sesgadas y parciales que el nacionalismo ha impuesto en el pasado a este país.
