Debe ser el único caso en el que la autora, a título de partícipe y colaboradora necesaria, apercibe a la Agencia Tributaria de las irregularidades que ha cometido, viéndose obligada para ello a sortear las trabas que el propio fisco le coloca de por medio.
El zafarrancho conjunto de la defensa, Abogacía del Estado y fiscalía para exculpar a Cristina de Borbón de cualquier imputación penal por delito fiscal ha superado cualquier previsión. Peca por exceso y reincidencia, al margen de la resolución que pueda adoptar el tribunal sobre si la Infanta debe permanecer en el banquillo de los acusados o puede levantarse de él.
La exduquesa de Palma se halla en una verdadera encrucijada. No es tanto el impacto mediático, la inexpresión de su rostro convertida en indignación y protesta personal, es la presión de las huestes jurídicas entregadas a su defensa. A las asistencias letradas y a la aludida, sea clienta o afectada, les puede acabar perjudicando el exceso de alarde y la vehemencia en la exposición y documentación de sus tesis.
La desautorización del "Hacienda somos todos" por parte de la abogada del Estado, Dolores Ripoll, ha indignado al instructor Castro, provoca "vergüenza" en UGT y sitúa al ministro Catalá en la confusión. Son las posiciones más trascendentes de un sinfín de comentarios disparados tras la vista del lunes de las cuestiones previas en el juicio oral del caso Nóos.
El exceso de presión desemboca invariablemente en la reacción. La infanta Cristina lo hace brindándose a devolver todo lo defraudado por su parte en el impuesto de sociedades correspondiente a Aizoon. El cambio de posición se vuelve radical. Implica, por primera vez, el reconocimiento de culpa. Pero la hermana de Felipe VI plantea como contrapartida la exigencia de no ser condenada por delito fiscal, lo cual, de forma implícita, por supuesto involuntaria y como efecto colateral inevitable, vendría a incrementar las cargas inculpatorias sobre su marido Iñaki Urdangarin.
Cristina de Borbón reconoce que usó fondos de Aizoon para gastos personales y para la reforma de su palacete de Pedralbes, en Barcelona. Su defensa ha presentado un informe pericial recalculando la cantidad que le correspondería, en concepto de responsabilidad civil, para hacer frente al beneficio, a título lucrativo, de los fondos malversados por Nóos. Se le reclaman 418.841 euros que el gabinete de Miquel Roca reduce a 347.712, pero, por otro lado, están los 168.571 pendientes de impuestos de sociedades que ahora se presta a abonar.
Se ha acabado planteando una corrección estratégica sustancial que pretende mejorar, no solo la imagen particular de Cristina de Borbón, sino la de la institución monárquica en todo su conjunto. Se busca una exculpación a toda costa, incluso con argumentos desmedidos como el de "Hacienda, en la practica, no somos todos" que tanto revuelo ha acabado ocasionando.
