Evidentemente, el elemento más relevante de la toma de posesión de Carles Puigdemont fue la promesa, la interpelación de la presidenta del Parlament, que orillaba el acatamiento a la Constitución, indispensable para la validez del nombramiento. El artículo 108.8 de la ley orgánica de régimen electoral general dice textualmente: "En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos". Si Puigdemont no subsana esta laguna, su designación podría ser impugnada por el Gobierno, que ya ha solicitado su parecer al abogado del Estado.
Al margen de este asunto procesal, que es bien revelador, la intervención del nuevo president, más improvisada que preparada y de una extrema debilidad para un acto de tanta trascendencia, emanó un aroma diferente del que exhalaban las intervenciones resabiadas y resentidas de Artur Mas. La tesis central del breve discurso fue la habitual Cataluña está siendo expoliada financieramente y menospreciada en lo cultural, por lo que necesita herramientas nuevas para el futuro, pero mucho menos estridente que de costumbre. En efecto, Puigdemont, sin duda involucrado en el proyecto de Junts pel Sí, habló sin embargo de debatir con respeto y tranquilidad; de procurar solvencia jurídica a las decisiones; de explicarse y de seducir para sumar a más personas a su proyecto? Y eludió conscientemente palabras como independencia, soberanía, desconexión? Acusó recibo del mandato del Parlament, pero sin sugerir heroicidades ni inmolaciones. Quizá su condición de nacionalista de toda la vida, que contrasta con la convicción sobrevenida de Artur Mas, le libere de la necesidad de demostrar a cada paso lo genuino de sus convicciones. Finalmente, la exclamación final de su discurso fue ¡Visca Catalunya!, mucho menos agresiva que la invocación a la república catalana que formuló Forcadell en la sesión de apertura del Parlament.
Todo lo anterior no significa que Puigdemont vaya a archivar la declaración 1/XI anulada por el Tribunal Constitucional o que el conflicto catalán haya perdido siquiera un ápice de su peligrosa beligerancia: todo indica que el nuevo presidente ha sido seleccionado precisamente por la intensidad de su compromiso y por la profundidad transgresora de sus ideas. Tan solo quiere decirse que sería una imprudencia prejuzgar su trayectoria. Si en términos legales no hay delito sin pruebas, en términos políticos conviene a veces no anticiparse a los acontecimientos.
Porque la posición de Puigdemont es delicada, y él tiene que saberlo. Si, como pretendía Mas, comienza a desarrollar la hoja de ruta expresada en aquel documento que propugnaba la "desconexión" de Cataluña y la erección de "estructuras de Estado", el peso de la ley se cernirá inexorablemente sobre él con la contundencia propia de un Estado de Derecho que tiene perfectamente previsto el caso, y que está sostenido por una inmensa mayoría parlamentaria en las Cortes. Así las cosas, tampoco sería extraño que, por simple sentido de la supervivencia política, Puigdemont se desmarcara de la senda trazada por su predecesor e intentara caminos más practicables. En este caso, el Estado debe ser receptivo a cualquier cambio positivo que pudiera producirse y dispuesto a cualquier diálogo que pudiera plantearse. De cualquier modo, la vía del portazo la de la negativa regia a recibir a Forcadelll para transmitirle la elección de Puigdemont, por ejemplo nunca es acertada en quienes tienen en su mano la responsabilidad de mantener la concordia civil y la unidad de los españoles.
