Las principales normas legales de esta Comunidad siempre quedan a expensas de las oscilaciones entre los ejecutivos autonómicos, una vez conservadores y otra, progresistas o sujetos a pactos que tienden a la izquierda. Nunca quedan fijas sobre los cimientos del consenso y la negociación que después permitirían, sin mayor problema, adaptar la fachada del edifico a la preferencia ideológica y estética de cada Govern.
No es el caso, es la gran carencia de los partidos políticos en Balears, poco acostumbrados a mirar más allá de sus sedes y de los grupos de influencia y poder que se les aproximan. O bajo los cuales ellos se cobijan. PSOE, Més y Podemos se la tenían prometida a los normas expansivas, en materias básicas para este archipiélago, promulgadas, con convicción y sin reparo, por el Govern Bauzá. Eran, en la práctica, una amnistía sobre todo lo fisicamente consolidado, a la que ahora se le intenta parar los pies al tiempo que se procura ahuyentar a los interesados en permutas, promotores de complejos hoteleros o interesados en campos de golf y proyectos semejantes.
Con los presupuestos del 2016 aprobados, la ecotasa y toda su simbología protegida y encauzada hacia el Parlament, llega el momento de poner freno al articulado más urbanizador de las leyes del Suelo, Turística y Agraria, porque también era una promesa del Ejecutivo que dice haberse adelantado a su propio calendario. Lo hizo ayer en un Consell de Govern extraordinario y firmando su segundo decreto ley, en una operación que el PP etiqueta como "armengolazo", en alusión a lo que entiende como falta de trasparencia presidencial y que en todo caso parece expresión insuficiente para defender las tesis de los conservadores. Los hoteleros y empresarios también se oponen a la corrección de las leyes promulgadas por Bauzá porque al cometer este "desacierto" no se tiene en cuenta que "sin inversión no hay competitividad y tampoco es posible mejorar la economía".
Es el gran debate que los agentes implicados son incapaces de asentar sobre el consenso lo cual, admitámoslo, es pura inestabilidad en todos los órdenes. Hoy toca restricción y protección porque hay un Govern en esta línea, pero nada garantiza que en la próxima legislatura no se vuelva a invertir la tendencia actual.
Ahora se entra en un periodo en el que no cabrán amnistías para las construcciones ilegales en suelo rústico y en el que, sobre todo, los establecimientos turísticos deberán desarrollarse de acuerdo con la normativa urbanística general. Han quedado muy limitadas las ampliaciones extraordinarias de establecimientos hoteleros y en el espacio agrícola se vuelve a imponer la obligación de la declaración de interés general para las actividades que no son propias del espacio rústico. Este es el plan trazado por lo menos hasta diciembre 2017. El Govern Armengol pretende de este modo detener la presión sobre un territorio que mantiene el estrés de la inestabilidad constante.
