Patxo Unzueta ha comparado acertadamente Podemos con los grupos radicales minoritarios del País Vasco cuya estrategia, encaminada a la desestabilización del sistema, consistía en emplazar a los partidos mayoritarios a adoptar decisiones rupturistas, tras lo cual llevaban a cabo el desbordamiento radical de la supuesta renuncia de aquellos a seguirles la corriente. Aquello pudo tener sentido reconoce Unzueta en la etapa final del franquismo, cuando al desestabilización afectaba al régimen dictatorial, pero no la tiene en absoluto ahora, cuando es la democracia la que está en juego. El parangón se hace evidente al contemplar la condición radical impuesta por Podemos al PSOE para negociar con él una fórmula de gobernabilidad tras el 20D: como es conocido, Iglesias ha avisado de que no negociará con quien no reconozca el derecho de autodeterminación de Cataluña, y no acepte por tanto la celebración de un referéndum.
Es ocioso decir que ni el derecho de autodeterminación es uno de los primigenios que reconoce Naciones Unidas excepto en situaciones coloniales, ni cabe en la Constitución española ni en la inmensa mayor parte de las constituciones democráticas, ni siquiera es coherente con la defensa leal del Estado de las autonomías, como reconoció en su momento Jordi Solé Tura, uno de los ponentes constitucionales, invocado asimismo por Unzueta: la izquierda dijo entonces aquel ilustre catalán comunista no puede defender el pleno despliegue de un Estado autonómico, que implica un amplio consenso, y a la vez reclamar la posibilidad de secesión mediante un referéndum, que supone imposibilitar un acuerdo mayoritario sobre esa forma de Estado; y que sería altamente desestabilizador para la naciente democracia.
El PSOE no puede pasar, evidentemente, por las horcas caudinas de esta condición, que difícilmente podrá retirar Podemos porque ya ha surtido efecto en Cataluña: su alianza con Barcelona en Comú de Ada Colau en En Comú Podem le ha dado buenos resultados en las elecciones generales del 20D gracias al vector soberanista incorporado a la alianza Podemos-ICV, que fracasó en las autonómicas catalanas... No se entendería que ahora, cuando hasta la CUP corteja a Colau y a Iglesias, cambiase de registro.
Así las cosas, parece imposible avanzar en una coalición PSOE-Podemos. Y no sólo por esta razón sino también por otras incompatibilidades de ideario y, sobre todo, porque para que las cuentas salieran, sería necesario añadir a los 151 diputados que suman PSOE, Podemos e IU, otros apoyos para lograr la estabilidad gubernamental. De cualquier modo, para superar los 163 escaños que suman PP y Ciudadanos, haría falta el concurso de los nacionalismos periféricos, y no parece el momento de que el gobierno del Estado se apoye en semejantes muletas.
Cerrada por ahora la vía de la gran coalición que propone el PP y descartada la unión de las izquierdas la socialdemócrata y la populista-soberanista, todo conduce hacia unas nuevas elecciones, en las que el PSOE se jugará el ser o el no ser. El espectáculo que ha deparado Susana Díaz al irrumpir bruscamente sobre Ferraz para sacar tajada de la derrota del 20D y erigirse cuanto antes en lideresa no tiene compostura, y se pagará en las urnas. Pero aún podrían los socialistas recomponer la figura, preservar la marca e intentar la recuperación si consiguen gestionar con inteligencia el caudal de votos y de escaños que aún poseen, que es además decisivo en cualquier fórmula de gobernabilidad.
