En este país hay unos cuatro millones de parados y otros cuatro millones como mínimo de trabajadores en situación muy precaria, que, a pesar de tener empleo, viven bordeando el umbral de pobreza. Este colectivo de ocho millones de ciudadanos sin duda irritados, desmoralizados, cabreados, es mayor que la clientela de cualquier partido político puesto que el PP, que ha ganado las elecciones con el peor resultado de su historia, sólo ha conseguido reunir a 7,2 millones de clientes.
No parece sin embargo que estas personas arrojadas violentamente fuera del sistema político y social sean el centro de atención de nadie. Las dos grandes formaciones de izquierdas, PSOE y Podemos, han hablado por primera vez en sus programas electorales de constitucionalizar los derechos sociales, de llenar de contenido otros derechos ya consagrados constitucionalmente pero que son papel mojado (derecho al trabajo, a la vivienda digna, etc.). Pero no acaba de verse un interés real en convertir a los más desfavorecidos en el centro de la atención de todos para remediar de una vez sus problemas, que son tan inquietantes que no deberían dejarnos dormir a quienes por fortuna no formamos parte de este grupo de desintegrados.
Mientras las fuerzas políticas se miran el ombligo y se preparan para unas nuevas elecciones, ocho millones de personas, en absoluta soledad, se preguntan con espanto para qué sirven todas estas ceremonias representativas.
