Los partidos, como los mercados, han encajado mal los resultados del 20D. Las formaciones preexistentes los partidos viejos están mohínos por la decisión ciudadana de incorporar al sistema de representación a los partidos nuevos, que les han comido el terreno a dentelladas hasta dejarlos reducidos a su mínima expresión. Y los partidos nuevos no pueden disimular su decepción al haber recibido un apoyo muy inferior al que pretendieron alcanzar y acariciaron en algún momento. Así las cosas, se advierte cierta displicencia a la hora de cumplimentar en la práctica el mandato popular.
Pero, ¿cuál ha sido este mandato popular? ¿Qué ha querido expresar el pueblo soberano con sus votos? En primer lugar, ha propinado un severo castigo a los conductores principales de este país desde 1982: los partidos tradicionales han fracasado en la prevención y en la conducción de la crisis económica y han traicionado la confianza recibida al incurrir en una corrupción rampante que merece la mayor condena.
En segundo lugar, ha dado a entender que no le gustan los gobiernos con mayoría absoluta, que probablemente no habían sido previstos por el constituyente y que por ello mismo concentran excesivamente el poder en la mayoría y propician la arbitrariedad. De lo cual se infiere que las cuatro grandes formaciones surgidas del 20D tienen el mandato de conseguir la gobernabilidad mediante pactos y coaliciones, a través de acuerdos que, por otra parte, responden a una predisposición dialogante que se halla implícita en el espíritu constitucional.
En tercer lugar cabe interpretar, aunque el argumento sea quizá algo alambicado, los ciudadanos parecen haber atendido las propuestas de reforma constitucional que bien explícitamente ofrecían en sus programas el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Lógicamente tal reforma debería ser lograda a través de un gran consenso, equivalente al que obtuvo en su momento la ley fundacional del régimen de que disfrutamos; de ahí la conveniencia de las coaliciones, que facilitarían la convergencia.
De lo que no hay duda, en definitiva, es de que el cuerpo social ha premeditado inteligentemente su decisión, que se convierte en mandato democrático. Los partidos tienen, en fin, la obligación de atender el requerimiento y hacer lo que es usual en Europa: buscar una fórmula cooperativa de estabilidad que permita formar gobierno. Si no lo hacen, la única opción posible será la repetición de las elecciones, y en este caso habrá represalias con toda seguridad. De entrada, es previsible que la participación se reduzca considerablemente, ya que muchos votantes se sentirán burlados una vez más por los administradores de su soberanía. Pero, además, habrá deslizamientos, que son imposibles de predecir pero que pueden ser relevantes. Y muy lesivos para algunas fuerzas.
En el hemisferio derecho, en el que es manifiesto que un sector del electorado del PP, irritado con esta formación, votó a Ciudadanos a modo de castigo, aunque con la confianza de que ambos partidos podrían gobernar juntos, es probable que vuelva a primar el criterio del voto útil, con lo que la organización de Albert Rivera podría caer bajo el umbral crítico traspasado el cual la ley d'Hondt sume a los partidos en la irrelevancia. En el hemisferio izquierdo, proseguirá la pugna por la primacía entre el PSOE y Podemos; a corto plazo, la actitud del PSOE, que ha comenzado una cruenta guerra interna minutos después de conocerse los resultados del 20D, presagia lo peor para este partido, que parece empeñado en suicidarse políticamente. Aunque también puede operar el efecto del voto útil en contra de Podemos, cuyo discurso, ahora enfrascado en el impopular referéndum catalán, resulta desconcertante para muchos de sus seguidores.
