La CUP ha frustrado el delirante proceso soberanista del nacionalismo burgués al negarse a investir al presidente Mas pese a las claudicaciones ideológicas indecentes de éste frente a la minoría radical, que también aspira a la independencia pero que, entre otras propuestas rompedoras, aboga por la salida de España de la Unión Europea, de la OTAN, etc. Así las cosas, y salvo sorpresas, nos abocamos hacia otras elecciones autonómicas.
Sin embargo, la dinámica de la política catalana ha sido muy rápida, quizá por lo turbulento de los acontecimientos, y nada volverá a ser como antes. Primero, porque en estos meses transcurridos desde las elecciones del 27 de septiembre han menguado los furores soberanistas de la sociedad catalana, que ha podido ver la falta de escrúpulos de los antiguos dirigentes de Convergència, un partido cuyos fundadores están en busca y captura y tan salpicado por la corrupción que ha debido hasta cambiar de nombre. Y segundo, porque han variado sustantivamente los equilibrios de fuerzas: si el 27S la lista única Junts pel Sí, formada básicamente por CDC y ERC, conseguía la primera plaza con el 39,5% de los votos y 62 escaños, en tanto Catalunya Si que es Pot -la coalición de Podemos con ICV- pinchaba con sólo el 8,94% de los votos y 11 escaños (los mismos que había obtenido ICV en las anteriores autonómicas) y la CUP lograba el 8,2% y 10 escaños, en las elecciones generales ha ganado En Comú Podem (Barcelona en Comú más Podemos, ICV, Equo y otros) con el 24,74% de los votos, seguido por ERC (el 15,98%), el PSC (15,70%) y Democracia y Llibertad (la antigua CDC), con el 15,08%. En consecuencia con estos resultados, que abren nuevas posibilidades, un sector de la CUP, que ha terminado ganando la partida, ha justificado la negativa a votar a Artur Mas con la hipótesis de una alianza entre En Comú Podem y la propia CUP, con apoyo de ERC (como se sabe, la CUP no se ha presentado a estas generales).
Esta hipótesis -la de la triple alianza- cobra veracidad con el expresivo gesto de Ada Colau el pasado 24 de diciembre: ese día, el grupo encabezado por la alcaldesa de Barcelona se abstenía en la votación de una proposición de la propia CUP que instala a "manifestar pleno apoyo y adhesión a la resolución de ruptura 1/XI del Parlament de Catalunya" que abogaba por la desconexión de España y hacía un llamamiento a la vulneración de la legalidad. Gracias a esta abstención, la proposición era aprobada. Asimismo, en la misma comisión, y esa vez a iniciativa de CiU, y también con los votos favorables del grupo de Colau, se aprobaba otra resolución que expresaba "el apoyo y solidaridad" del Ayuntamiento de Barcelona con los municipios de Gerona, San Cugat, Igualada, La Seu d'Urgell y Celrà", que están siendo investigados judicialmente por haber apoyado mociones de apoyo a la declaración de ruptura.
Podemos se declara no independentista pero sí partidario del derecho de autodeterminación, por lo que es lógico que la CUP, que guarda con la formación de Pablo Iglesias algunas afinidades ideológicas, reciba con alborozo su ascenso electoral. De cualquier modo, es evidente que la perspectiva de nuevas elecciones en Cataluña interfiere con el proceso de formación de gobierno en el Estado, y viceversa. La investidura de Mas y la puesta en marcha del "proceso" independentista por antonomasia hubiera urgido la gobernabilidad en el Estado. Ahora, la incertidumbre catalana no es precisamente movilizadora en Madrid. Porque ya se sabe que sólo la urgencia y el riesgo inminente excitan el sentido del Estado de nuestros políticos.
