Si todas las formaciones políticas fueran como la mujer del César, es decir, honradas, aparte de parecerlo, hoy no estaríamos hablando de partidos viejos y emergentes, de castas y otros compartimentos semejantes con tinte peyorativo. Pero los engranajes de demasiadas maquinarias políticas no están engrasadas con la preferencia del servicio público y el ejemplo edificante para el ciudadano. Por eso mismo abunda una preocupante, pero justificada, crisis de confianza en los partidos políticos, al son de hechos, más bien escándalos, que se renuevan casi a diario.
El PP es uno de los partidos más afectados por una corrupción que él mismo se afana en amagar, pero que ahora mismo es también uno de los principales escollos con que se encuentra Mariano Rajoy en el complejo y por el momento solitario intento de renovar la presidencia del Gobierno.
Deberá incorporar y admitir una nueva mancha sobre su hoja de servicios. Como es sabido, el juez Castro está investigando el tortuoso proceso de adjudicación y construcción del hospital de Son Espases. Dentro de ello, la investigación pasa por saber si las respectivas constructoras de Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir llegaron a pagar comisiones al PP o abonaron en especie otro tipo de favores al partido. Las pesquisas se adentran hasta la propia estructura interna de la sede central de los conservadores en la calle Génova de Madrid. El juez ha pedido al ayuntamiento de la capital las licencias de obras otorgadas en el edificio entre 2002 y 2010 y solo ha recibido la constancia de su inexistencia. La última otorgada en este edificio se corresponde con trabajos de adaptación de seguridad para oficinas, solicitada por la anterior propietaria, la constructora Mapfre.
El PP compró el edificio a Mapfre el 29 de marzo de 2006 y no consta permiso municipal alguno para ejecutar la considerable reforma llevada a cabo con posterioridad, a no ser que estuviera domiciliado en un acceso lateral, como también pregunta el juez Castro. Se sabe, eso sí, que el PP firmó una hipoteca de 30 millones para adquirir y adaptar su actual sede central. Con ser importante, la más que presumible irregularidad económica y administrativa no es lo único resaltable de este desaguisado. Ya me dirán con qué autoridad quedan tantos alcaldes y ediles de urbanismo del PP para exigir a sus vecinos la solicitud de permisos y pago de tasas por obras, si su propio partido es el primero que no los tramita para los despachos de sus principales dirigentes. El PP ha usado sus influencias en busca y logro de provecho económico. Es la exhibición de la adulteración administrativa.
La credibilidad y la confianza se obtienen con hechos, a partir de decisiones coherentes y responsables, antes que con discursos afortunados, sin que ello quiera decir que la oratoria brillante sea la tónica dominante en los actuales mensajes políticos, pero de nada sirven las palabras si las irregularidades las desmienten. El PP debería ser ahora el primer interesado en adecuar con los correspondientes gravámenes, la situación administrativa y fiscal de su sede central. Y de paso, pedir perdón por dar mal ejemplo.
