Algún día habrá que indagar porqué la Administración tarda tanto en percatarse o intrometerse en cuánto se intuye o percibe desde la calle. Han hecho falta muchas gotas para colmar la garrafa de las presuntas irregularidades, con visos de delito, que se desparramaban por algunos locales de restauración del centro de Palma. Sorprende que no se hayan aplicado actuaciones previas antes de llegar al colmo de tener que precintar 22 establecimientos, procesar a 14 empresarios y dejar a 6 de ellos en prisión de forma inmediata.
Las medidas tomadas y el número de personas implicadas dan cuenta de la dimensión de la vulneración legal y de los claros indicios de extorsión y explotación de unos trabajadores que, en muchos casos, también estaban en situación de residencia ilegal. Lo que se echa a faltar en la Administración también podría reprocharse en parte a unos sindicatos que ante hechos tan graves deberían concretar más el sentido de sus denuncias generalistas. Si las denuncias de unos y otros llegaran antes se evitaría mucho sufrimiento personal y bastante fraude colectivo.
Ahora el conseller de Trabajo anuncia que el Govern se personará como acusación particular en este escandaloso caso de la "mafia laboral" establecida en pleno centro de Palma. CC OO ya lo ha hecho y la patronal de la restauración se lo piensa hasta después de fiestas, pero mientras solicita la reapertura de los locales sellados para que los trabajadores puedan seguir con la actividad y los proveedores abastecerlos de forma adecuada.
El conseller Negueruela ha recordado que entre las tareas propias de su departamento está la de tutelar los derechos de los trabajadores. Bajo este argumento se persona en el caso de la explotación laboral y no sólo eso, anuncia que se procederá igual si vuelven a surgir situaciones semejantes, como ya se hizo en los tiempos en que él ejercía de director general de Trabajo.
La tarea es abundante porque la penuria ha adquirido consistencia en distintas direcciones. El mismo conseller de Trabajo se sumó a la queja generalizada ante el anuncio del incremento en solo el 1% del salario mínimo interprofesional anunciada ayer por el Gobierno, pero al mismo tiempo Negueruela, entrando de lleno en sus competencias, confirma la intensificación de la labor inspectora, de cara a la próxima temporada, por lo menos en lo relativo a horarios, jornadas y temporalidad ficticia. Algo se habrá conseguido si no se repiten extremos de degradación humana como los de la "mafia laboral" palmesana.
En este asunto concreto a la Administración autonómica, víctima de su propia inoperancia y retraso, no le queda más remedio que ir a caballo de la instrucción penal y permanecer a expensas del secreto de sumario. Después tiene por delante la obligación de analizar las cosas y decidir cómo puede proteger los derechos y las nóminas de unos asalariados seriamente vapuleados. Es una cuestión de dignidad, ya no sólo para los trabajadores, sino también para un entramando administrativo víctima de su propia insensibilidad.
