Mariano Rajoy se comporta como si no se hubieran celebrado las elecciones más duras contra su partido, pero no siempre conviene seguirle en sus fantasías. Ahora que es más candidato que presidente, y que los votantes le han propinado el fenomenal castigo que se resiste a asimilar, cabría recordar su implicación demasiada próxima en la corrupción enciclopédica del PP. Al menos un millón de votantes irreductibles de los populares se han sentido paralizados a la hora de depositar su papeleta. Han abandonado al partido que asimilaban a una religión, ante la multiplicación de escándalos sintetizados en la figura de Luis Bárcenas. Y quedan otros tres millones de desertores a identificar, cuando la derecha despierte finalmente.
Sin confesión no puede haber enmienda, pero los originales protocolos del PP no deberían contaminar a los observadores imparciales. El punto cero electoral ofrece una excelente oportunidad para alzar la cortina de silencio, que ha protegido a La Moncloa de los comportamientos delictivos que se prodigaban en el seno del partido gobernante. Luis de Guindos presumía ante la MSNBC, en un inglés muy mejorable, de que los escándalos pertenecían a épocas pretéritas, al mismo tiempo que el embajador en la India se veía obligado a dimitir por cobros millonarios. La argucia de que los casos de corrupción se descubren con retraso no sirve de excusa para endosarlos a gestores pretéritos.
Rajoy tiene todo el derecho a mentirse a sí mismo, con el énfasis que desplegó para engañar a los contribuyentes sobre la magnitud de los desmanes monetarios cometidos por sus huestes. Sin embargo, la solidaridad comprometería a los líderes de otros partidos votados suficientemente el 20D. Durante la campaña, el presidente del Gobierno en funciones ha sido acusado de amparar la corrupción por todos sus rivales sin excepción. Por sí solo, este rasgo aporta combustible suficiente para excluirlo de un segundo mandato. Resultaría paradójico concederle, desde la leal oposición, la amnistía que le han negado sus propios votantes. Por supuesto, la incapacitación no impide que otras candidatas del PP tomen las riendas de las negociaciones postelectorales. Ahora bien, como en el Shakespeare de los mercaderes, costará encontrar una libra de carne no contaminada.
El fenómeno más apasionante de las Navidades es la conversión de Albert Rivera. Se ha metamorfoseado en un forofo del PP, a punto de reprochar a los votantes de Ciudadanos que se equivocaran de partido el 20D. No solo se doblega ante Rajoy, quiere obligar al PSOE a hacer lo propio. Propone un pacto todo incluido, pero que excluye a ocho millones de votantes por lo visto indeseables. En principio, si los socialistas estuvieran tan predispuestos a hacerle caso, le habrían votado. El político catalán le exhibió a Soraya en el debate a cuatro una portada con los sobresueldos de Rajoy, ahora no le parecen tan graves. Quienes hayan leído las obras completas de Luis Garicano, economista en jefe del partido emergente, saben que no solo condena la corrupción como un delito, sino también porque las cifras en juego repercuten por su magnitud en la economía del país. Por lo visto, la limpieza y la transparencia son virtudes muy sobrevaloradas en campaña.
Las elecciones constan de una jornada de reflexión previa y de semanas de reflexión posteriores. El veredicto de las urnas incomodó a los autoproclamados guías de la ciudadanía, hasta tal punto que se plantearon reclamar el brechtiano cambio de electorado. De hecho, se ha pretendido anular el resultado desde el mismo 20D, imponiendo una segunda vuelta. Ante el daño que esta frivolidad supone para la estructura democrática, sorprende que lo enarbolen quienes al mismo tiempo reclaman estabilidad. Obsesos del CIS, olvidan la pregunta en que una abrumadora mayoría de españoles considera que la actual situación política es insostenible. Es decir, peior que inestable, y por eso han votado para cambiarla.
Las elecciones no se tocan. Quienes ansían una ruleta de repeticiones, fueron muy tolerantes con un Rajoy que casi alarga la legislatura a un quinquenio, un detalle que desvela sus objetivos legítimos pero inconfesados. El argumento más pragmático a favor de la materialización de la legislatura son los generosos sueldos y privilegios a que renunciarían más de medio millar de diputados y senadores, no están los tiempos para arranques quijotescos a un elevado coste económico. La incógnita sigue siendo si Sánchez puede ponerse a las órdenes de alguien a quien considera "indecente". A los proponentesde la gran coalición no les preocupa lo más mínimo la vinculación con Bárcenas, lo cual también aclara su estatura moral.
