Los nacionalistas catalanes que se presentan hoy a las elecciones -"Libertad y Justicia", antigua CDC, y ERC- están dando a entender su alborozo por el hecho de que la decisión que hoy tomarán los españoles producirá muy probablemente una fragmentación parlamentaria que debilitará al Estado y les facilitará la 'desconexión'.
Ante tal actitud, conviene negar categóricamente este interesado planteamiento. Todo indica, es cierto, que estamos al final de un periodo de mayoría absoluta y al borde de un gobierno fruto de un acuerdo entre partidos. Pero que nadie piense que este proceso, perfectamente natural en una democracia, va a debilitar el Estado o a abrir un portillo al margen de la Constitución: el imperio de la ley no se conmoverá por el hecho de que evolucione el proceso político por cauces de la más absoluta normalidad, aunque cambien, claro está, sus protagonistas.
Convénzanse, pues, los promotores de la célebre -y cancelada- declaración de insurgencia que siguen sin tener posibilidades de avanzar hacia sus objetivos quienes abogan por la violación de la legalidad. Frente a ellos, el Estado y sus servidores mantendrán la misma inflexibilidad.
