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Daniel Capó

Últimos apuntes

Hoy termina la campaña electoral más compleja de los últimos treinta años. Todas las encuestas pronostican con unanimidad una victoria ajustada de los populares, que oscilaría entre los 105 diputados y los 130 ó140 en el mejor de los supuestos. La horquilla final, como suele suceder en estos casos, dependerá de los escaños que se obtengan en lo que se conoce como "los restos"; de modo que unos pocos votos pueden suponer diferencias finales significativas. La campaña del PP, muy acorde con la doctrina Rajoy, ha sido de perfil bajo, básicamente defensiva, apelando a los valores de la estabilidad. Y ha funcionado en sectores sociales poco dinámicos como los pensionistas o en la España rural, pero ha encontrado muchas dificultades entre los electores jóvenes o en las zonas urbanas. Aunque el castigo va a ser mayúsculo, cabe pensar que en las encuestas existe cierto voto oculto favorable a los populares y también en el efecto última hora que tradicionalmente suele beneficiar al partido gobernante. Una victoria con sólo 110 escaños sería un fracaso enorme para el PP. Acercarse a los 140 diputados, en cambio, les convertiría casi en la única opción operativa de gobierno, lo que refrendaría de nuevo a Rajoy.

En la disyuntiva entre la vieja y la nueva política, parece claro que el PP es el partido que se ha definido con más claridad a favor de mantener los principios de la Constitución del 78, aunque sin cerrarse por completo a una posible actualización. Los promotores de la nueva política, en cambio, exigen una especie de terapia de choque que transforme las instituciones del país. Pablo Iglesias, en concreto, propone terminar con la noción de soberanía nacional compartida al aceptar un referéndum independentista en Cataluña y cabe suponer que, más adelante, en el País Vasco y en otras autonomías. Como sucede con todas las ideas audaces, no se sabe si estamos ante el deseo irresponsable de abrir una caja de Pandora, cuyas consecuencias serían imprevisibles, o ante la única solución real al proceso catalán; pero probablemente más lo primero que lo segundo. Optar por un pacto amplio que vincule identidades plurales parece una apuesta más inteligente que intentar gobernar desde un enfrentamiento de sensibilidades. Sin embargo, poner en duda la legitimidad de la propia soberanía nacional no resulta ni un hecho muy común, ni la mejor opción para defender los intereses del conjunto de la ciudadanía.

Si el PP se siente cómodo dentro de los parámetros de la Constitución y Podemos busca reventarlos, el PSOE y Ciudadanos suponen vías intermedias, si bien con matices muy distintos. El PSOE se identifica más con los valores de la vieja política que los de Rivera, pues no en vano los socialistas han sido los principales artífices cuando no por el número de años en el gobierno de la modernización del país. Ciudadanos, en cambio, mantiene un discurso más renovador, aunque con una limitada experiencia de gobierno. También, en su acercamiento a la cuestión territorial, las posturas de ambos partidos son de entrada muy distintas: más flexible en el caso socialista y más centralizadora entre los partidarios de la opción "naranja".

Al final, la campaña habrá servido para poner de manifiesto que el debate entre la vieja y la nueva política pasa sobre todo por la valoración de la Constitución del 78 y de sus efectos sobre la sociedad. ¿Sigue vigente su potencial renovador o hay que ponerla al día mediante un proceso de reforma constitucional? Y si es así, ¿hasta dónde y cómo? El 20 de diciembre ofrecerá muchas claves para una legislatura que se presagia corta e intensa. De nuestro voto dependen muchas de las decisiones del futuro gobierno: mayor o menor estabilidad, unir voluntades o buscar líneas de enfrentamiento, asumir riesgos o seguir por la senda de estos últimos cuarenta años?

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