Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.' Así reza el artículo 14 de la Constitución Española, nada que no recojan las leyes fundamentales de los países de nuestro entorno. El principio de igualdad ante la ley es uno de los fundamentos del Estado de Derecho; hombres y mujeres tienen la misma dignidad y merecen el mismo respeto y protección. En este país, defender lo obvio se ha convertido en un deporte de riesgo, razón suficiente para ser objeto de linchamiento público y de bajada de popularidad en las encuestas. Así que una termina por pensárselo muy mucho antes de hacerlo. Ya saben: eso de para qué meterse en asuntos de los que sabe de antemano que va a salir escaldada al no opinar igual que la mayoría. Hasta que piensa que no todo el mundo tiene la posibilidad de que le lean e intentar hacer reflexionar a alguien y decide mandar a paseo la corrección política.
Ciudadanos se ha metido en un buen lío. En mitad de la campaña electoral ha saltado la polémica porque quiere quitar la pena agravada para los hombres que cometen violencia de género que introdujo la ley en el año 2004 y que validó el Tribunal Constitucional en 2008, al considerar que no existe discriminación en este caso. Esto significa que, si una mujer agrede a un hombre y le produce una lesión, la pena prevista para ella es de tres meses de prisión. Si un hombre hace exactamente lo mismo a su pareja o ex pareja, el castigo se dobla y sube a seis. Esta norma fue aprobada por unanimidad, con la pretensión de dar una respuesta firme y contundente a la violencia machista, plasmándola en tipos penales específicos. El debate ahora se centra en si la violencia en el ámbito familiar responde a cuestiones de 'género'. Es decir, si un marido la ejerce porque su mujer es una mujer.
No bastarían ocho artículos como éste para analizar las causas profundas de la violencia machista. Sin duda, existir, existe. Porque hay hombres retrógrados que piensan que su mujer está para hacerles la comida, limpiar y no ponerse minifalda, no vaya a ser que algún otro se dé cuenta de lo que él tiene en casa. Y si ella decide no ajustarse a sus deseos, tunda. Seguramente sean la mayoría. Ahora bien, habría cuanto menos que preguntarse si todas las agresiones que se producen en el ámbito familiar responden a esa concepción y también si son unidireccionales. Es evidente que no es lo mismo que una persona de 120 kilos le dé un bofetón a una de 70 que al revés. Las consecuencias no son las mismas. Normalmente, las mujeres están más desprotegidas por una simple cuestión de envergadura física. Sin embargo, el Código Penal ya recoge diferentes sanciones en virtud de la gravedad de las lesiones, independientemente del sexo del agresor y el agredido. ¿La ley que pretende modificar Ciudadanos ha servido para acabar con esta lacra?
Son muchos los motivos que pueden llevar a alguien a golpear a su pareja, independientemente del machismo, y sin que ninguno -absolutamente ninguno, que una ya se huele las interpretaciones malintencionadas- suponga una justificación aceptable. A veces simplemente algunos impresentables pagan su frustración con los que tienen más cerca: su mujer o incluso sus hijos. Igual que puede haber infinitas razones por las que ellas aguantan los malos tratos: solemos pensar que son básicamente el miedo a dejar al maltratador o la indefensión económica en que se quedarían, pero también las hay que se quedan por dependencia emocional o deseo de cariño: me pega, pero al menos me hace caso. Y esto mismo puede aplicarse a cualquier tipo de violencia en el ámbito de la pareja: sean maridos, mujeres u homosexuales. Que de todo hay en la viña del Señor.
La cuestión de cómo luchar contra estas situaciones va mucho más allá de tipificarlas penalmente de una manera específica para los hombres. En democracia no sirven los atajos, más si suponen un ataque a la igualdad ante la ley. La educación, sobre todo emocional, es la gran asignatura pendiente -nueve de cada diez adolescentes admite haber ejercido violencia psicológica contra su pareja, y más ellas que ellos-. Los medios policiales, judiciales y de asistencia social y económica a las mujeres maltratadas y a sus hijos, también. ¿Que hay más mujeres que hombres maltratados? La respuesta debería ser un mayor número de condenas, órdenes de alejamiento efectivas y un verdadero rechazo social que lo denuncie. Pero la ley en un Estado de Derecho tendría que garantizar el trato más justo posible a sus ciudadanos. No parece el caso cuando, por una discusión de pareja en que los dos son agredidos y agresores, uno recibe el doble de castigo que el otro. Suponiendo que ambos sean castigados, que ya es mucho conjeturar. En caso contrario, se produce indefensión. Sin embargo, parece que poco importa mientras podamos pontificar desde el salón de casa o el atril de los mítines dando lecciones y repitiendo eslóganes para las tontas que aún no nos hemos enterado de que nos matan por ser mujeres. Por no hablar de la utilización en campaña de las víctimas. Simplemente vomitiva.
