No todo lo que reluce en el epicentro de la Palma que se las da de cosmopolita y glamourosa, es oro o dignidad humana. Cuando The Times decidió etiquetarla como "el mejor lugar del mundo" para vivir, se entretuvo poco en asomarse tras la cortina y evaluar también, por reales, los aspectos más sórdidos, precisamente del cogollo palmesano.
Hace tiempo que se viene hablando de explotación laboral en el mundo de la hostelería mallorquina. Las cifras no cuadran. No hay proporción entre el número de visitantes y el de trabajadores dedicados al empleo que generan. La conselleria de Trabajo ya puso en marcha este último verano, con resultados aceptables, una campaña de inspecciones que ha venido a confirmar lo que tantos, desde la Administración a los sindicatos, intuían. Pero no se llegó, ni mucho menos, a las profundidades más oscuras del pozo. También hay conciencia clara de ello.
Ahora salta a la luz pública uno de los aspectos más sórdidos y denigrantes de la explotación en el trabajo y la extorsión humana. Lo hace en la Palma bonita y elegante, esa que deja boquiabiertos a los turistas y de la que se vanaglorian los autóctonos, a la sombra de Cort, bajo los arcos de la placa Major y en los aledaños de sa Llonja. Es lo que los investigadores no tienen reparo en calificar de "mafia laboral". Vistos los datos iniciales aportados, tampoco puede extrañar, sino preocupar, tal denominación.
En lo que va de semana, agentes de la Unidad de Inmigración y Falsificación, en colaboración con funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social, han detenido ya a 15 empresarios de las zonas indicadas. La operación sigue abierta. Todo apunta a que acabarán acusados de delitos contra los trabajadores, falsedad documental, asociación ilícita y fraudes a la Administración. También se investigan cuestiones higiénicas. Ya se ha cerrado una nave de Can Valero, ilegal, desde la cual se abastecía a una treintena de bares y restaurantes del centro de Palma. Se habla de semanas laborales de 70 horas con sueldos de 600 euros mensuales. Y de posible agresión a quien se atrevía a protestar. Se puede haber defraudado más de un millón de euros y explotado, desde 2013, nada menos que a 1.200 trabajadores a través de sociedades establecidas con tal finalidad. El líder era un conocido empresario propietario de distintos establecimientos.
Daño humano, fraude económico y negros nubarrones sobre la imagen de la ciudad y la condición de sus negocios. Esta es la situación actual. Si, es una minoría, ya lo sabemos, apenas tres decenas sobre los 11.000 establecimientos de restauración existentes en Mallorca. Pero el daño está hecho. También llama la atención que la actuación policial haya partido de numerosas denuncias de los trabajadores y que nadie competente para ello hubiera hecho nada antes.
