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Llorenç Riera

El desajuste entre impuestos y realidad

Los tributos se llevan rematadamente mal con la realidad. Cualquier contribuyente lo tiene comprobado de sobras. Los desajustes tributarios son especialmente graves en todo lo vinculado al sector inmobiliario. Cuando las casas disparan los precios de mercado, los gravámenes fiscales quedan rezagados y al revés, cuando bajan, como ha ocurrido desde 2008 debido a la crisis económica, los impuestos se quedan a la altura de los tiempos boyantes. Todo esto ocurre, en buena medida, debido a que el catastro tiene la mala costumbre de actualizarse, a lo sumo, cada década.

También será porque quienes tienen la responsabilidad profesional de mantenerlo al día, o la decisión política de hacerlo, están igualmente desfasados en su trabajo. Esto quiere decir, ni más ni menos que, en cuestiones tributarias, se premia al ciudadano cuando la economía va viento en popa y se le flagela en las épocas de declive. Si éste es mayúsculo, como ha ocurrido en los últimos años, la injusticia social es flagrante y deja en apuros a más de uno. La misma Administración llega a reconocer que ha sido frecuente el caso de quien se ha visto obligado a vender un piso o inmueble en precario, por necesidad de subsistencia y con ello se ha visto obligado a tributar en términos de negocio rentable.

Ahora el Govern pretende poner un cierto orden en tan mayúsculos desaguisados. Anuncia la adaptación de los valores catastrales al pinchazo inmobiliario tomando como referencia para ello las estimaciones de antes de la crisis económica. La medida implicará adaptar, evidentemente a la baja, los actuales coeficientes de cálculo para los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Se estima que los valores fiscales deberán descender una media del 38%. Lo que ocurre con estos impuestos ya ha pasado en igual medida con el IBI. A algunos ayuntamientos no les ha quedado más remedio que reaccionar ante la avalancha de quejas de los vecinos y han empezado a aplicar porcentajes inferiores para este tributo.

Todo lo dicho transcurrirá parejo a un ambicioso plan de lucha contra el fraude fiscal, con hasta 70 medidas, pero que los técnicos consideran de recorrido insuficiente. Se fija hasta 2019 pero, sin embargo, su eficacia recomienda y requiere más tiempo.

El objetivo es atacar el fraude y restituir la justicia social. Loable objetivo de resultado incierto. Habrá controles sobre inmuebles, alquileres turísticos, subastas, juego, venta de oro y coches de segunda mano. Pero los inspectores también advierten que estas medidas suelen reportar escaso resultado y que la verdadera clave del asunto está en concienciar a la población de la necesidad de pagar impuestos. En la misma línea, el Govern también prevé incorporar formación fiscal en algunos ciclos formativos reglados.

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