Un pequeño alivio para los menos desafortunados. O paño caliente para las necesidades más perentorias. Nada más. La renta social garantizada del Govern queda lejos de su pretensión de cubrir las necesidades básicas y el sustento de quienes peor lo pasan. Uno de los proyectos estrella, asumido como irrenunciable, por parte del Ejecutivo Armengol, apenas se queda en simbólico. Es la falta de recursos económicos de la Administración autonómica, traducida en incapacidad de entendimiento financiero con el Gobierno Rajoy y en carencia casi absoluta de medios materiales para afrontar la realidad.
Puede decirse también que es el efecto de la crisis económica que todavía perdura, sobre todo en las clases más desfavorecidas, pero es por igual la crisis de gestión y de desconexión con la realidad más cruda. El Govern dispondrá en todo 2016 de 20 millones de euros para pagar la prometida renta social garantizada. Es lo mismo que necesitaría en un solo mes si de verdad fuera capaz de aliviar las necesidades más inmediatas de los parados de larga duración que ya han agotado todo tipo de prestaciones que legalmente les corresponden.
En la actualidad en Balears hay 43.906 parados que cobran algún subsidio. También 45.494 que no disponen de ayuda alguna. De ellos, 3.900 podrán recibir el año próximo 426 euros al mes. Para eso dan los 20 millones disponibles que, todo hay que decirlo, se han recopilado de otras conselleries. Sin ir más lejos, Educación no podrá hacer frente a las obras de reforma de los colegios de las islas, como estaba previsto, y que el Govern Bauzá también desatendió. En 2017 se confía es destinar a la renta básica 60 millones pero entonces, en el mejor momento, el número de perceptores apenas podrá rozar los 12.000. Por eso el Govern también invoca a un esperado alivio efectivo de la crisis económica que permita reducir la larga lista de demandantes de subsidio elemental.
Para pagar la renta social garantizada se necesitarían 240 millones al año cuando la conselleria de Asuntos Sociales sólo dispone de un presupuesto total de 163. Es la elocuencia, desesperante si se quiere, de la precariedad.
Resulta acreditado por tanto que en la comunidad que, en términos generales, se está saliendo mejor de la crisis, las administraciones autonómica y estatal son incapaces de confluir en un sistema factible para atender a todas las carencias que genera el desempleo. El problema es que, al parecer, nadie había tenido en cuenta o previsto que la crisis fuera tan larga y, en consecuencia, el sistema establecido no responde. Desde la misma Administración se admite que la solución pasa por la reforma del sistema nacional de prestaciones por desempleo. El número de personas sin ningún tipo de protección se ha estancado y ni siquiera la renta social garantizada consigue responder a su propia denominación y a las expectativas creadas con ella.
