Salvo que las encuestas se equivoquen de forma estrepitosa, las elecciones generales del próximo día 20 modificarán de forma sustancial la actual representación de Balears en las cámaras legislativas. Se acaba el bipartidismo entre PP y PSOE. Los conservadores perderán de 2 a 3 diputados con respecto a los 5 de que han dispuesto hasta ahora, los socialistas se quedarán con 2 y hasta es posible que se vean superados o equiparados por nuevas formaciones como Ciudadanos y Podemos. Permanece también la duda de si Més logrará esta vez entrar en el Congreso.

Muchas cosas acabarán dependiendo de la alternativa por la cual opten los indecisos. Según el CIS, más del 40% de los electores no tienen decidido su voto en el comienzo de la campaña electoral. Pero, sea como sea, lo que está claro es que los diputados y senadores que resulten elegidos en representación de Balears deberán trabajar con ahínco si quieren ser fieles y coherentes con la tierra que les habrá designado.

No les quedará más remedio que hacerlo así porque llegarán a Madrid con un cúmulo de asuntos pendientes de gran calado, vinculados todos a la deficitaria financiación autonómica y al incumplimiento, por parte del Gobierno, de lo estipulado en los fondos estatutarios. El periodo que ahora finaliza ha sido una legislatura estéril en este sentido, que ha mermado, de un modo que puede llegar a ser irreversible si no se repara pronto, la adecuación de infraestructuras y servicios de este archipiélago, castigado por la insularidad parcamente reconocida y la insensibilidad de Madrid frente a la realidad y la necesidad balear. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocía el jueves, ante la presidenta Armengol, que no había pagado porque nadie del Govern Bauzá se lo había reclamado. Son excusas inadmisibles de mal pagador y una evidencia más de la desconsideración que se tiene con Balears. O del escaso, por no decir nulo, peso político que ejercen los representantes de las islas en las cámaras legislativas españolas.

Con más oportunismo electoral del momento que resultado práctico inmediato, el Gobierno se compromete ahora a ingresar sin condición previa 80 millones más a las arcas autonómicas y a saldar en cómodos plazos y sin intereses algunos, deudas pendientes, como los 280 millones que restringe desde 2011. Se concede hasta 2018 para entregarlos y sigue negando 63 millones retenidos de la Platja de Palma. El maltrato fiscal no se ha erradicado. Deben tenerlo muy presente quienes ocupen escaño en el Congreso y el Senado en representación de Balears. En beneficio de los legítimos intereses y las necesidades de las islas, deberán esforzarse también para que el Gobierno que surja de las elecciones del 20 de diciembre se implique en serio en la modernización de la gestión y las infraestructuras turísticas de archipiélago, intentando eliminar las eternas improvisaciones.

Será imprescindible igualmente que se anule toda posibilidad de prospección y explotación petrolífera en el mar balear, que ningún bien reportaría para la industria turística y que se garantice un sistema de transporte público con conexiones aéreas que no dependan en exclusiva de las conveniencias del momento de cada aerolínea. El último ejemplo es lo ocurrido con Air Berlin. También habrá que tener en cuenta que en un lugar como Balears resulta incomprensible que no se disponga de cogestión aeroportuaria, sobre todo a la vista de los beneficios que reportan los aeropuertos de las islas. Será una legislatura con mucho trabajo pendiente.