Venimos de un modelo parlamentario cuasi bipartidista en el que los espacios publicitarios electorales se repartían de acuerdo con la representación de cada formación en las elecciones anteriores, y en que los únicos debates preelectorales imaginables en el ámbito estatal eran los que mantenían los líderes de los dos principales partidos. Como es conocido, en el pasado ha habido debates entre González y Aznar (dos en 1996), entre Rajoy y Zapatero (dos en 2008) y entre Rajoy y Rubalcaba (uno en 2011). Cinco debates en 38 años de democracia.
Estas elecciones del 20 de diciembre presentan una singularidad inédita que a nadie se le escapa: por primera vez, hay cuatro protagonistas en la gran batalla por el poder. Junto a los dos grandes partidos tradicionales, muy mermados por la corrupción, la crisis y otros factores, han irrumpido otros dos emergentes, a los que las encuestas otorgan un respaldo muy relevante. Por ello, el gran debate preelectoral que reclama la ocasión ya no es el cara a cara habitual entre los líderes del viejo bipartidismo sino el que se celebre entre los cuatro actores que se disputan la presidencia del Gobierno. El cambio de planteamiento todavía no ha cuajado institucionalmente pero ya es una clara realidad social, que todos los sondeos ratifican sin excepción.
Por ello resulta incomprensible que el presidente del Gobierno y del PP haya renunciado a asistir al debate a cuatro a que las formaciones han convenido celebrar en Antena 3 el próximo día 7 con el argumento de que ya celebrará un cara a cara con Pedro Sánchez el día 14 de diciembre. Como se sabe, el PP mandará al debate cuatripartito a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien podrá quizá informar a la audiencia de los programas teóricos pero no aportar el resto de la información subjetiva que los espectadores buscan cuando asisten a esta clase de representaciones.
Al revés de lo que sucede en otros regímenes, como el norteamericano, donde los debates son inexcusables, en nuestro modelo democrático, los candidatos acuden a los debates que creen conveniente (algunas formaciones llevan en sus programas electorales la propuesta de reformar la ley de partidos para que los debates sea instituciones tasadas y obligatorias), pero la opinión pública calificará después la actitud de los políticos a este respecto. Y probablemente castigue con dureza a quienes, como Rajoy, rehúyan las confrontaciones mediáticas más expresivas porque no les convienen. Los asesores áulicos de Rajoy parece ser que Pedro Arriola ha vuelto le habrán convencido de que no es bueno que se mueva demasiado en estas vísperas electorales, en que será difícil que mejore su posición y cualquier error podría resultarle fatal. Y, verdaderamente, no le sería fácil a Rajoy bandearse frente a tres adversarios mucho más jóvenes que él, incontaminados y con probada habilidad dialéctica, dispuestos a confrontar al PP con todas sus responsabilidades. Pero la política es riesgo y la democracia es dialéctica y presencia, y no hay justificación válida para esta espantada.
Rajoy, que tampoco piensa ir al debate convocado por El País el día 30 de noviembre (en esta ocasión, el organizador no ha aceptado la sustitución del candidato del PP por Soraya), tiene previstas algunas comparecencias públicas más o menos vistosas, pero estas actividades preelectorales no justifican la ausencia del día 7. Que lógicamente explotarán convenientemente sus antagonistas. A menos, claro está, que tuvieran alguna consistencia los rumores que han circulado a raíz de conocerse tal decisión, y que se relacionan con la dificultad que encontraría Rajoy en ponerse al frente de una hipotética coalición o pacto de gobierno con Ciudadanos, única fórmula que por el momento si hay que hacer caso a las encuestas parece proporcionar estabilidad al futuro Ejecutivo. En cualquier caso, si existe una segunda intención, debería manifestarse antes de que se abran las urnas.
